Reforma tibia

DENTRO DEL paquete de medidas sobre el impulso democrático propugnado por los socialistas tras las elecciones, la reforma del reglamento del Congreso tenía un valor especial. No sólo por el rango institucional que ocupa la Cámara Baja en su doble función de órgano legislativo y de control del Ejecutivo. También porque, tras 10 años de mayoría absoluta socialista, los mecanismos parlamentarios habían quedado, por efecto de esa misma mayoría, un tanto oxidados, con graves secuelas de rigideces de procedimiento en el Parlamento y su consiguiente falta de sintonía con el pulso de la sociedad.De ahí la importancia política que tiene que el PSOE y el Partido Popular (PP) llegaran ayer a un acuerdo tras años de criterios enfrentados, incluso choques enconados al respecto. La tiene, sobre todo, porque el acuerdo reformador alcanza a dos puntos sin los cuales no tendría credibilidad ningún proyecto de revitalización del Parlamento: una mayor facilidad para la creación de comisiones parlamentarias de investigación y la conveniencia de una mayor presencia y de un mayor control parlamentario del jefe del Ejecutivo.

Sin embargo existen aspectos polémicos en dicho acuerdo que sólo serían admisibles si fueran fruto de la normal transacción en el diálogo político. Serían inquietantes si revelaran un intento de proteger los intereses de la actual o futura mayoría gobernante. ¿Cómo se explica, si no, que la mayoría absoluta de la Cámara (176 escaños) pueda bloquear comisiones de investigación cuya creación exige sólo la firma de 70 diputados? Es un avance respecto a la situación actual, pero deja de nuevo en manos de una mayoría absoluta el derecho de veto. Hoy ninguna fuerza política posee esa mayoría, pero sería posible que el PSOE y el PP aunaran sus fuerzas frente a una iniciativa de ese tipo propiciada por un grupo minoritario. De hecho, en la legislatura anterior este mecanismo no hubiera servido de nada. Se puede dar la impresión de que las dos fuerzas políticas dominantes se reparten el nuevo espacio parlamentario. De ser así, pocos avances tendríamos y las dos fuerzas principales reincidirían en el mal que tanto daño ha causado a las instituciones democráticas. Impresión que se refuerza por el hecho de que el PP haya perdido, al parecer, el gran interés que siempre tuvo por anclar en la norma parlamentaria la obligación de comparecencia del presidente del Gobierno.