El Gobierno y las cadenas acercan sus posiciones sobre la directiva europea

Altos cargos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y directivos de todas las televisiones aproximaron ayer sus posiciones respecto a la transposición de la directiva comunitaria Televisión sin Fronteras, que limita la publicidad y establece cuotas determinadas de producción nacional y comunitaria.Uno de los puntos más discutidos por las televisiones generalistas es la obligatoriedad de emitir tan sólo un corte publicitario cada 45 minutos de emisión de una película. Los operadores consideran que la directiva debe adaptarse al nuevo paisaje audiovisual, ya que su aprobación en la Comunidad se remonta al 3 de octubre de 1989.

A la reunión acudieron: Elena Salgado, secretaria general de Comunicaciones; Javier Nadal, director general de Comunicaciones; Juan Cueto, director de Canal+; Pío Cabanillas, director de Sogecable; Javier Gimeno, consejero delegado de Antena 3 TV; Luis Ezcurra, secretario de Antena 3 TV; Valerio Lazarov, director de Tele 5; Santiago Muñoz Machado, secretario general de Tele 5; Ramón Colom, director de TVE; Manuel Melero, director de Canal Sur, y José Ramón Pérez Ornia, director de Telemadrid.

Javier Gimeno resaltó el "esfuerzo" de ambas partes por conseguir que la directiva "se aplique de forma flexible y garantice una viabilidad razonable de todas las televisiones". Pío Cabanillas se mostró "esperanzado" y subrayó "la actitud receptiva" por parte de la Administración.

Ambas partes volverán a reunirse el próximo lunes. Los representantes del ministerio se comprometieron a presentar entonces un nuevo borrador que incluya algunas de las peticiones de las cadenas. El Gobierno pretende aprobar la directiva en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Por otra parte, las televisiones solicitaron al ministerio que altere los trámites previstos para la concesión de los canales del Hispasat concedidos a las privadas. El Gobierno pretende que las cadenas firmen la concesión el próximo viernes. La firma obliga a los operadores a desembolsar un aval de 1.000 millones de pesetas y a llegar a un acuerdo de tarifas con Retevisión en un mes. Para las televisiones, la negociación con Retevisión debe preceder a la firma del contrato.