El dinero de la droga

LA LEGISLACIÓN represiva contra la droga definida en los convenios internacionales de Basilea y Viena, y en la correspondiente directiva europea en el ámbito de la CE, encuentra su mayor rechazo o, al menos, las dificultades más arduas para su aplicación allí donde estaría más justificada: en aquellos hábitos de la actividad económica donde -el dinero del narcotráfico puede camuflarse más fácilmente para luego emerger a la legalidad. Las vicisitudes que acompañan la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico son prueba de ello. Las presiones ejercidas por los sectores económicos afectados para que se suavicen los mecanismos de control previstos en la futura ley se suman a las reservas expresadas en su día por el Partido Popular a causa de la posible vulneración de determinados derechos fundamentales de la persona.No parece que la vulneración temida se produzca de acuerdo con los términos del proyecto, aunque no hay que descartarla en la práctica, dadas las dificultades que entraña indagar en zonas oscuras de la delincuencia, emboscada a veces en negocios de indudable marchamo legal. Pero este riesgo, que, por lo demás, acecha al ciudadano en otros ámbitos, no es razón para oponerse a una norma que pretende bloquear los mecanismos de blanqueo del dinero del narcotráfico. En todo caso, el problema de la norma puede estar en la dificultad de aplicarla en sus propios términos: es lo que, en resumen, han señalado al Parlamento algunos de los sectores económicos afectados -casinos y seguros, entre otros- al afirmar que la colaboración que se se les pide (en definitiva, la identificación de sus clientes y el control de sus operaciones) llevaría al colapso de sus negocios.

En realidad, estos sectores, al margen de posibles, y por otra parte lógicas, exageraciones en defensa de sus intereses, ponen el dedo en una de las más flagrantes contradicciones en que descansa la lucha contra el narcotráfico: acabar con él supondría poco menos que matar la economía, a la que inyecta 37 billones de pesetas al año en todo el mundo (medio billón en España). Pero como sería absurdo aplicar al paciente una medicina de caballo, con el riesgo de mandarle al otro mundo, lo probable es que se suavice en unos casos o que no se aplique en otros.

Es el riesgo que corre, a pesar de la bondad de sus propósitos, la legislación para "prevenir e impedir la utilización del sistema. financiero, así como de otros sectores de la actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". En España y en el resto de países empeñados en la represión a ultranza del comercio de la droga a todos sus niveles. Ya es sintomático que antes de entrar en vigor este tipo de legislación se dejen oír voces tan poderosas señalando los problemas, por otra parte reales, que plantea su aplicación.

Y es que, ante la posibilidad de que en determinados ámbitos la lucha contra el narcotráfico sea poco menos que irrealizable, lo lógico sería abordarla con criterios más realistas y menos dogmáticos. Seguramente se ganaría en eficacia.