El pulso democrático

EL GOBIERNO ha lanzado al fin al ruedo político un ambicioso paquete de reformas de carácter institucional acorde con el acuñado impulso democrático prometido en la campaña electoral por Felipe González. Acercar las instituciones a la sociedad y preservarlas de la instrumentalización de los partidos se ha convertido en un imperativo categórico si se quiere poner freno a su progresivo descrédito y a su paulatina transformación en comparsas de los poderes partidarios, en lugar de ser los órganos de control y arbitraje del Estado que ordena la Constitución.La iniciativa del Gobierno supone sólo el primer paso en el cumplimiento de una promesa electoral que constituyó el núcleo del cambio del cambio que logró para el PSOE, por cuarta vez consecutiva, la confianza de la mayoría del electorado. Pero, al mismo tiempo, es un reto para el conjunto de las fuerzas políticas y una prueba sobre la sinceridad de sus propósitos de abordar conjuntamente las reformas que son necesarias para preservar a las instituciones del Estado de las pugnas e intereses particulares de las formaciones políticas. Desaparecida la mayoría absoluta del PSOE, es hora de ver si el nuevo equilibrio de fuerzas surgido en las elecciones va a posibilitar que el espacio institucional sea una especie de tierra de nadie respetada por los partidos y a cubierto de sus querellas. Sería descorazonador que la aproximación de fuerzas entre el PSOE y el PP sirviera para exacerbar, en lugar de moderar, sus apetencias por el reparto de la piel de oso institucional o que ineludibles exigencias de gobernabilidad tentaran a la mayoría gobernante a utilizar como moneda de cambio el acceso a los cargos institucionales.

En principio, el paquete del Gobierno responde prácticamente a todas las cuestiones de funcionamiento institucional que habían suscitado inquietud en la sociedad y en las propias fuerzas políticas. Y, por lo anunciado, sus propuestas de reforma coinciden esencialmente con las barajadas por la oposición y con las reclamadas en diversos foros jurídicos y sociales. La comparecencia más asidua del presidente del Gobierno a las sesiones de control parlamentario, una mayor facilidad para la creación de comisiones parlamentarias de investigación, la transformación del Senado en Cámara territorial, el rechazo del sistema de cuotas en la designación de los cargos institucionales, la atenuación del control político del Gobierno sobre RTVE o el aumento de la capacidad investigadora del Tribunal de Cuentas respecto de las finanzas de los partidos son demandas cuyo reiterado aplazamiento ha provocado la peligrosa fractura que hoy se abre entre la sociedad y las instituciones. Pero, como demostró, por ejemplo, la experiencia italiana en relación a la corrupción, más importante que la norma, por detallada que sea, son los comportamientos: los usos y costumbres de los políticos en el desempeño de su misión. De ahí que esté justificado el escepticismo de algunos a la vista de asuntos como el reciente acceso socialista al Gobierno de Aragón.

Pero de ahí también la importancia de proceder cuanto antes a la reforma de los partidos políticos, otra de las promesas electorales de Felipe González, sobre todo en lo que se refiere a la democratización de su funcionamiento interno y a la transparencia de sus fuentes de financiación. Sin esta reforma, previa a cualquier otra, son difíciles de creer las proclamas sobre impulsos democráticos o la limpieza de la vida pública. No es concebible una mejora del funcionamiento del sistema si los partidos, piezas básicas del mismo, siguen regidos por leyes preconstitucionales y anclados en comportamientos que vulneran de hecho derechos y principios esenciales en la democracia.