Un juez exige que sean públicas las reuniones del grupo de trabajo que elabora la reforma sanitaria en Estados Unidos

La poderosa primera dama norteamericana, Hillary Rodham Clinton, experimentó de cerca ayer las limitaciones que pueden encontrar sus ambiciones: un juez federal decidió que las reuniones del grupo de trabajo sobre salud que preside no tienen categoría de acción gubernamental, y, por tanto, tienen que estar abiertas al público.Unas horas antes de esta sentencia, Bill Clinton comentó que esperaba una decisión favorable a su esposa. Luego, el portavoz de la Casa Blanca, George Steplianopoulos, dijo que la sentencia vio tendrá un efecto práctico en la actividad del grupo de Hillary.

Esa sentencia judicial es respuesta a una demanda presentada en febrero contra Hillary Clinton por un grupo de médicos y de abogados que representan a empresas relacionadas con la salud. Ese sector es uno de los que más violentamente habían reaccionado contra la política de reformas sanitarias de la Administración demócrata. Oficialmente, la denuncia fue presentada por varios influyentes grupos de presión, la Asociación Americana de Médicos y Cirujanos, el Consejo Americano para la Reforma de la Asistencia Sanitaria y el Centro Nacional de Temas Legales y Políticos.

En un discurso el mes pasado, Clinton dijo que las industrias de salud y medicamentos incrementaban sus beneficios a costa de la salud de los niños norteamericanos, y anunció fuertes recortes a los sueldos de los médicos y las ganancias de los hospitales.

La decisión judicial de ayer podría no estar muy separada de esa polémica. El juez federal de distrito Royee Lamberth tuvo que decidir sobre una denuncia presentada en relación con que el grupo de trabajo de Hillary Clinton incumplía con una ley de 1972 que obliga a los comités federales a abrir sus sesiones al público, "excepto aquellos que estén plenamente integrados por funcionarios o empleados del Gobierno federal".

Hillary Clinton, que tiene prohibido ocupar cargos públicos por su condición de esposa del presidente, no cumple con esa excepción, y, por tanto, las reuniones de su grupo de trabajo tendrán que conformarse con ser una especie de asambleas a las que cualquier norteamericano podrá asistir.

En su sentencia de ayer, el juez decidió que "el público tiene derecho a conocer la información que se presenta a ese grupo, quién la presenta, los costes de ese grupo y participar en sus reuniones".

Esta medida reduce la importancia del grupo de expertos de Hillary, en la que el presidente había confiado como la persona idónea para dirigir uno de los proyectos más ambiciosos de su Gobierno, la reforma sanitaria.