Cuestión de calificaciones

EN UN contexto de creciente internacionalización de la actividad financiera, las agencias de calificación crediticia aportan informaciones relevantes sobre la evaluación de los riesgos de solvencia a los que se enfrentan los inversores en los distintos instrumentos y entidades emisoras. El crecimiento e internacionalización de los mercados de deuda, el distanciamiento entre emisor y proveedor de fondos, ha hecho de esta información, el denominado rating, una herramienta básica en la evaluación de la relación rentabilidad-riesgo de la ingeniería financiera. Cuando la evaluación se concreta en un prestatario soberano, o en los instrumentos emitidos por éste, dicha calificación cobra una trascendencia que excede a las estrictas consideraciones técnicas para llegar a poner en tela de juicio aspectos más genéricos de la política, no sólo económica, del país en cuestión.El pasado octubre, una de las dos principales agencias especializadas en este tipo de calificación anticipaba su intención de revisar, y posiblemente degradar, la correspondiente a la deuda a largo plazo denominada en divisas por el España. El anuncio tenía lugar tras la revisión a la baja de la de Italia y en el contexto de las tensiones cambiarias en el seno del Sistema Monetario Europeo que motivaron, tras la primera devaluación de la peseta, la introducción por el Banco de España de la circular 16/1992, que restringía la libre operativa de los mercados de divisas en España, en especial a los no residentes.

La brusca alteración de nuestras autoridades en el compromiso por la libertad de los movimientos del capital, en un contexto de evidente deterioro de los principales indicadores económicos, fue la razón que, al parecer, motivó ese anuncio. Un aviso que ahora, tras la confirmación de la calificación de que disponía el Reino de España (la segunda mejor), pone de manifiesto su inoportunidad y cuestiona la seriedad de la agencia correspondiente.

Lejos de creer que tras esta confirmación la economía española ha mejorado sus preocupantes perfiles, hay que asumir la ligereza de los evaluadores y con ella cuestionarse sobre las razones que han conducido a ese cambio de actitud, más allá de la derogación de la circular antes mencionada. El compromiso del Gobierno de cumplimiento del programa de convergencia, señalado por los analistas de esa agencia, suponiendo su verosimilitud, no es en absoluto un acontecimiento novedoso, a no ser que la capacidad de convicción de nuestras autoridades se haya reforzado ante unos analistas tan aparentemente volubles como precipitados en sus manifestaciones.