PSOE confía en que el 'caso Filesa' se quede solo en "un delito electoral"

Dirigentes del PSOE confían en que, "en el peor de los casos", la investigación judicial sobre el caso Filesa conducirá a la acusación de que este partido ha cometido un "delito electoral" por no reflejar en su contabilidad oficial partidas económicas, que llegaban a través de Filesa y otras empresas, y que ha utilizado en gastos de campañas electorales. Miembros del Gobierno consideran que la situación puede ser peor si el delito electoral conduce a la busca de dinero negro en las arcas del PSOE. Este extremo confían en que no pueda probarse.

Dirigentes del PSOE con limitadas responsabilidades orgánicas, así como miembros del Gobierno, comentan con naturalidad, siempre que se les asegure el anonimato, que el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, finalmente puede encontrar pruebas de que se ha cometido "un delito electoral". "El juez está buscando pruebas concluyentes sobre la vulneración de la Ley Orgánica de 1987 sobre Financiación de los Partidos Políticos", señala un interlocutor gubernamental.El delito que supuestamente puede encontrar Barbero estaría en la comprobación de las diferencias entre los ingresos de ese partido y los gastos declarados en la contabilidad oficial obtenida por el juez en los documentos que se incautó en la sede federal del PSOE y en la documentación oficial que el pasado 20 de noviembre requirió y obtuvo del Tribunal de Cuentas. Barbero encontraría lo que busca si prueba que el PSOE ha obtenido ingresos que no ha declarado a través de Filesa, Malesa, Time Export y otras empresas.

Las fuentes informantes no se atreven a asegurar que haya habido esta financiación extra, pero consideran "verosímil" que pueda haber ocurrido así, y lo achacan a la desmesura de los gastos electorales. De ahí que consideren imprescindible una reducción legal de esos gastos, empezando por la supresión del gasto en vallas y banderolas.

Dirigentes gubernamentales, no obstante, consideran que si el asunto judicial se zanjara en el delito electoral, los socialistas respirarían tranquilos, aunque su temor es el de que se pueda probar que no sólo se trata de ingresos no declarados, sino que se trate de una cantidad respetable de dinero negro de dudosa procedencia y ajeno a toda fiscalización. No obstante, nadie en el PSOE reconoce que esto se pueda haber producido.

La investigación judicial sobre la presunta financiación irregular del PSOE se vive de manera muy diferente en este partido según el grado de responsabilidad orgánica que cada cual ostente. El secretario de Organización, Txiki Benegas, y el responsable de finanzas, Francisco Fernández Marugán, llevan la parte pública y a ellos corresponde "dar la cara", según personas de su entorno. Hasta ahora, la dirección del partido socialista se ha aferrado a las cuestiones de procedimiento, dado que como partido no forma parte del proceso -se investiga a dos parlamentarios- y no entra en el fondo de la cuestión, cual es si ha habido financiación irregular de su partido.

Lo cierto es que hasta ahora las dos únicas personas investigadas son los parlamentarios Josep Maria Sala y Carlos Navarro, en tanto que el PSOE continúa formalmente ajeno a este procedimiento.

Gastos e ingresos

El articulo 1 de la Ley Orgánica 3 / 1987, del 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, regula el origen de los recursos económicos de éstos procedentes de la financiación pública y de la privada. Ésta última se limita legalmente a "las cuotas y aportaciones de sus afiliados; los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio; los créditos que concierten y las herencias o legados que reciban". El título III de dicha ley establece las obligaciones contables: inventario anual de todos los bienes, rendimientos procedentes de su patrimonio, ingresos por subvenciones estatales y rendimientos de las actividades del partido. En la cuenta de gastos figurarán: los gastos de personal, de adquisición de bienes y servicios; los gastos financieros de préstamos; los gastos de actividades del partido, y las operaciones de capital sobre créditos, inversiones, deudores y acreedores.