Las filtraciones del plan de privatizaciones dividen al Gobierno italiano

El primer ministro italiano, el socialista Giuliano Amato, presentó en la noche del jueves una denuncia judicial por posible tráfico de información privilegiada contra los responsables de la "filtración" de un borrador del plan de privatizaciones del Gobierno. La difusión del plan, realizada por una agencia secundaria de noticias, suscitó un primer desmentido oficial y la posterior denuncia de Amato, preocupado por las tensiones que las privatizaciones generan en el seno de su Gabinete y por las repercusiones en Bolsa de las informaciones sobre el plan del Gobierno.Los jueces que investiguen el caso deberán, en efecto, comenzar sus pesquisas dentro del propio Ejecutivo, donde el ministro de Industria, el democristiano Giuseppe Guarino, representa una oposición no declarada, pero de principio, al proyecto de aligerar la cartera empresarial del Estado italiano. Tales participaciones han sido una fuente,tradicional de déficit público, pero también de poder social y político, lo que explica las resistencias que encuentra un plan de privatizaciones defendido hoy, sobre todo, por Amato y su ministro del Tesoro, Piero Barucci, de origen democristiano. Economistas incluidos en un consejo asesor sobre el plan confirmaron ayer que el documento filtrado, clasificado como "muy reservado", no era otra cosa que un borrador redactado por el propio Barucci y aún no sometido a la consideración de ministros ni asesores.

Según dicho plan, el Gobierno debería liquidar en 1993 sus participaciones de control en una decena de empresas, como las financieras Credit, Comit y Banca di Roma; la aseguradora Ina, la electrónica Italtel, la mecánica Nuovo Pignone, las autopistas, las constructoras Condotte y Garboli, y la ingeniería Snam Progetti.

Otras empresas públicas, como la Snam oleoductos, Agip Coal, Saipem o la periodística Il Giorno, deberán pasar por un proceso trienal de saneamiento antes de estar en condiciones; de ser puestas en el mercado. Y tres grandes sociedades, la Stet de telecomunicaciones, las líneas aéreas Alitalia y la Finnmeccanica, aparecen como irrenunciables para el Estado en el plan de Barucci, que implica el desmembramiento efectivo de grupos estatales como el industrial IRI o el energético ENI.