Retrasada la ratificación de la Convención contra el blanqueo

El Gobierno no tiene intención de ratificar la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas hasta que esté aprobado el nuevo Código Penal, un objetivo cada vez más dificil de alcanzar en la presente legislatura. Así lo anunció ayer en el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, en respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius.El ministro de Justicia argumentó, para justificar la decisión española de aplazar la ratificación, que algunas de sus medidas van a ser incorporadas a la legislación por medio de una reforma urgente del Código Penal, actualmente en trámite en el Congreso, y otras aparecerán en la nueva redacción del mismo texto legal. "Es mejor proceder a la ratificación cuando los compromisos de la convención se hayan incorporado a nuestras leyes", señaló De la Quadra-Salcedo, "para no incurrir en incumplimientos. Yo espero que pueda ser en esta legislatura".

La Convención sobre el Blanqueo de Dinero aprobada por el Consejo de Europa en 1990,obliga a los países firmantes a incorporar en sus legislaciones la confiscación de los bienes de traficantes de drogas, armas o cualquier otro comercio delictivo. También prevé el levantamiento del secreto bancario a petición de los jueces del propio país o de otro Estado firmante, y el bloqueo de cuentas bancarias durante las investigaciones.

La convención no entrará en vigor hasta que la ratifiquen tres de los países firmantes. Por el momento, sólo lo ha hecho el Reino Unido.

En respuesta a otra pregunta de la diputada socialista Isabel Alberdi, De la Quadra-Salcedo propuso agravar por medio de una enmienda en el Congreso las penas para los violadores de menores en la nueva redacción del Código Penal.

El titular de Interior, José Luis Corcuera, informó, por otra parte, que más de 6.400 extranjeros han solicitado permiso de residencia dentro del proceso de reagrupamiento familiar de los inmigrantes legales.

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