Borrar la mancha

LA MANCHA de intolerancia racial con la que emborronaron a Mancha Real algunos de sus vecinos no se quita con brochazos del Código Penal. El comportamiento que tuvieron muchos de ellos el 19 de mayo de 1991 saqueando y destrozando las viviendas de seis familias gitanas como represalia por la muerte de un vecino por otro perteneciente a ese grupo étnico fue algo más que una transgresión de la ley. Representó, ante todo, la puesta en escena hosca y agresiva de prejuicios raciales hondamente arraigados en la colectividad que sólo podrán desterrarse con la opción decidida por valores contrarios: la comprensión, en lugar de la intolerancia; la justicia, en lugar de la venganza; el respeto a la ley, en lugar de la barbarie; la solidaridad, en lugar de la segregación racial. Es decir, por la vigencia plena de las reglas y actitudes que distinguen a las colectividades civilizadas de las que no lo son.La sentencia dictada por los jueces en relación con aquellos acontecimientos puede ayudar a sus protagonistas a la reflexión y a la enmienda. Más que como sanción penal, que lo es sin duda -los poderes públicos no pueden dejar de actuar de acuerdo con las leyes cuando se las transgrede-, la condena judicial de aquellos sucesos debe ser interpretada, ante todo, como una seria llamada de atención respecto de los límites que un Estado de derecho no puede dejar de salvaguardar, incluso cuando son transgredidos por ciudadanos actuando al modo de Fuenteovejuna.

Y esta llamada de atención debe ser atendida, sobre todo, por quienes teniendo autoridad y ascendencia sobre la población no sólo no apaciguaron la exaltación vecinal, sino que la alentaron: el alcalde y los miembros del consistorio municipal. Su condena de destierro y de inhabilitación restituye a la función pública el papel que le es propio, irresponsablemente desconocido por la corporación de Mancha Real durante los sucesos del pasado año. En lugar de encauzar y moderar los ánimos de sus convecinos, hicieron todo lo contrario: ponerse demagógicamente al frente, y permitir que la venganza sustituyera a la acción de la justicia y que todo un grupo étnico fuera considerado culpable genérico de lo que había hecho uno de sus miembros. La justicia ha condenado, justamente, esta explosión de racismo intolerable, del mismo modo que condenó en su momento el hecho concreto que la desencadenó.