Los sindicatos utilizarán tres vías legales contra el decreto

Los sindicatos UGT y CC OO impulsarán las tres vías legales posibles para que se declare inconstitucional el decreto-ley que reforma el subsidio de desempleo, ahora convertido en proyecto de ley. Esos caminos son: el recurso directo de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad y el recurso de amparo.Para promover el primero, enviarán al Defensor del Pueblo un dictamen realizado por el catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, a petición de UGT y CC OO, y solicitarán a la institución que preside Álvaro Gil Robles que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto-ley. Los sindicatos han optado por esa vía una vez que han comprobado que no cuentan con el apoyo de 50 diputados o senadores para la presentación del recurso.

Si el Defensor del Pueblo no accede a su petición, UGT y CC OO promoverán la cuestión de inconstitucionalidad. En este caso es un juez quien debe tomar la iniciativa si a la hora de aplicar la norma considera que entra en colisión con la Constitución Española. La tercera vía posible es el recurso de amparo que, en opinión de Diego López Garrido, es más dificil porque protege los artículos 14 al 36 de la Constitución.

El dictamen del catedrático de Derecho Constitucional considera que el decreto-ley sobre desempleo es inconstitucional por su contenido material y desde el punto de vista formal. Los argumentos sobre el contenido se basan en que la citada norma "produce un recorte drástico de las prestaciones por desempleo de un 40% de media para cada parado y tiene efectos secundarios en otras prestaciones como la jubilación".

Esa reforma, según López Garrido, va en sentido contrario a los artículos 41 y 9.2 de la Constitución que protegen un régimen de seguridad social suficiente, especialmente para la protección del desempleo. "Los derechos sociales son tan derechos como los políticos. No son de segunda, categoría", añade el catedrático.

En cuanto a los aspectos formales, defiende que el decreto ley es "una excepción en un régimen democrático y no puede regular instituciones básicas del Estado como es la seguridad social". La razón es que no se han dado razones de urgente necesidad porque había tiempo suficiente para tramitar un proyecto de ley, dado que el Gobierno conocía la dificultad financiera del Inem desde hace meses.