La ONU y Serbia

JAMÁS LA ONU había tomado ante un problema europeo medidas de tanto alcance como las aprobadas el sábado por el Consejo de Seguridad. Se interrumpen los intercambios comerciales con Serbia y Montenegro, con la excepción de los envíos humanitarios, que deberán incrementarse al máximo para socorrer a unas poblaciones sometidas a sufrimientos inauditos. Se cortan las relaciones aéreas, y los haberes serbios en el extranjero quedan bloqueados. Al mismo tiempo se niega a la nueva Yugoslavia, constituida por Serbia, y Montenegro, cualquier reconocimiento internacional y se la excluye de las competiciones deportivas internacionales. Todo ello deja, por añadidura, abierta la, posibilidad del recurso a la fuerza contra el régimen de Slobodan Milosevic, como ya se hizo en 1991 contra Irak.Después de los miles de muertos, del millón y medio de personas expulsadas de sus hogares, de tantas ciudades destruidas, la ONU se veía compelida a actuar. ¿Es acertado enfocar las sanciones contra Serbia, con el objetivo de obligarle a cambiar de curso en su agresión contra las vecinas repúblicas un día yugoslavas? Sin olvidar que la responsabilidad es compartida por todos los fanatismos desatados en la zona, incluido el de los nacionalistas croatas, no cabe duda de que el Gobierno serbio es el principal culpable de lo que sucede. La condición para poner fin a los combates es que Belgrado renuncie a su loca pretensión de conquista para crear la gran Serbia.

Milosevic dice que él no es responsable de los actos de los irregulares serbios en Croacia y Bosnia-Herzegovina. Argumento falaz. La verdad es que la utilización de esos irregulares, que siembran el odio y derraman la sangre allí donde convivían las nacionalidades que componían el conjunto yugoslavo, ha agudizado la crueldad de la guerra. Nadie puede creer que la llamada república serbia de Bosnia-Herzegovina pudiera existir contra la voluntad de Belgrado. Lo que sí empieza a manifestarse -y es un factor que refuerza la oportunidad de las sanciones de la ONU- es cierta contradicción entre extremistas serbios, deseosos de exterminar a croatas y musulmanes, y la táctica de Milosevic, que, una vez ocupados los dos tercios de Bosnia, puede desear un cese de los combates para consolidar sus conquistas.

Pero los irregulares no deciden; la última palabra es de Milosevic, y él dispone del poder real. Por eso las sanciones deben enfilarse contra el Gobierno de Belgrado, para obligarle a renunciar a su política agresiva. En sí, la creación de una nueva Yugoslavia -con Serbia y Montenegro federados- puede ser aceptada por la comunidad internacional. Pero a condición de que respete las fronteras de sus vecinos. En este sentido, parecería incluso razonable explorar la viabilidad de la última propuesta serbia: la convocatoria de una conferencia general de los países ex yugoslavos con el objeto de firmar pactos entre ellos que estabilizaran la situación en la zona. El hecho de que esa propuesta se formulara en el último momento para evitar la imposición de sanciones de la ONU no habría de restarle validez, siempre y cuando se viera esa conferencia precedida del reconocimiento explícito por Belgrado de la integridad territorial e independencia de sus vecinos, seguido de la retirada serbia de todas las áreas ocupadas.

Las sanciones de la ONU se producen tras una larga etapa de fracasos de la acción internacional, sobre todo de la Comunidad Europea (CE), para poner fin a los combates. Al proclamarse independientes Croacia y Eslovenia, la CE vaciló entre apoyar la vieja estructura yugoslava o reconocer los nuevos Estados. Cuando optó por esta segunda vía bajo la presión alemana, ya se había desatado la guerra en la frontera serbo-croata. Milosevic la inició invocando la vieja legalidad comunista, y la ha continuado en nombre del nacionalismo serbio, alegando la defensa de los derechos de las minorías serbias en las otras repúblicas. La acción internacional contra esa dinámica era ya inexcusable.