El fallo del acelerador del Clínico de Zaragoza se cobra su vigésima víctima

La paciente oncológica Blanca Montalbán Francés, de 39 años, casada y madre de dos hijas, falleció la noche del pasado miércoles en su domicilio de Zaragoza y se convierte en la víctima número 20 de las 27 personas que resultaron afectadas por la avería del acelerador de electrones del hospital Clínico de Zaragoza, entre el 10 y el 20 de diciembre de 1990.

El Insalud ha reconocido la relación entre la avería del acelerador y la muerte en 10 casos y en otros cuatro se está a la espera de conocer los resultados de las autopsias. Blanca Montalbán trabajó como empleada de la limpieza en el Hospital Militar de Zaragoza hasta que cayó enferma. Le fue extirpado el pecho izquierdo afectado de un cáncer y recibió tres sesiones de radioterapia en el acelerador del Clínico.

La máquina permaneció averiada entre el 10 y el 20 de diciembre de 1990. Montalbán Francés vivió postrada en cama desde hacía año y medio y se distinguió por su entereza y afán de vivir, pese a su enfermedad, así como por defender los derechos de los pacientes que resultaron afectados por la avería del acelerador.

Por otra parte, el juez Javier Seoane, encargado del sumario por la avería del acelerador, acordó el pasado 29 de abril la apertura de juicio oral.

En su escrito consideraba responsables de "un accidente radiactivo" a 11 personas, entre ellas la directora del hospital, Rosario Jaquotot, y el técnico de la empresa General Electric España, Mario Compte.

Seoane señalaba que el citado técnico, al realizar una reparación, el 7 de diciembre de 1990, manipuló los controles del acelerador de tal forma que, con independencia de la energía seleccionada en el pupitre de control, se producía una irradiación a la máxima potencia.

Fianza

Seoane añadió que la máquina era manipulada por varias personas de las que algunas no tenían licencia del Consejo de Seguridad Nuclear. El magistrado fijó una fianza conjunta de 600 millones de pesetas y consideraba responsables civiles subsidiarios a la compañía General Electric, el Insalud y la Administración Central del Estado. La fianza ha sido ya depositada por las compañías aseguradoras y el juez Javier Seoane todavía no ha fijado una fecha para la celebración del juicio oral.