Sanidad y educación, a 'tempo lento'

Las cautelas que han mostrado en público miembros del Gobierno respecto a prescindir de la tutela de la sanidad y educación públicas se plasman en este documento. Aunque no hay una negativa rotunda, sí se establecen numerosos peros y se apuesta por un proceso gradual y, desde luego, la participación estatal.Cinco extremos va a defender el Gobierno en la discusión sobre estas dos competencias: calendario de asunción de los servicios; coparticipación de las comunidades en las políticas educativa y sanitaria en sus territorios, en tanto no se asume el servicio; posible asunción progresiva y acumulativa de los servicios, según las posibilidades; financiación pública de ambos servicios y corresponsabilidad en los procesos de reforma de ambos servicios y elaboración de políticas estatales en ellos, "y en particular, el papel de la Administración estatal en la gestación y en la gestión de esas. políticas".

El Gobierno justifica su prevención al estar en marcha "procesos de reforma de cierta amplitud". La aplicación de la LOGSE "representa actuaciones sobre las que el proceso de ampliación competencial podría repercutir de manera negativa", dice el texto, y lo mismo justifica en el campo de la salud por "la resultante de la aplicación de la Ley General de Sanidad". Para el Ejecutivo, "lo primero que debe hacerse es replantear la discusión -si / no a la transferencia- y reconducirla a un debate que garantice un mismo modelo educativo y sanitario y la igualdad de todos los españoles ante ambos sistemas".

Este "replanteamiento" es el que se sugiere para el debate de reforma o no a los estatutos. "No son los aspectos formales los que deberían ser objeto de discusión, sino buscar acuerdos que den respuesta al para qué, cuándo y condiciones en que deben utilizarse los instrumentos". La oposición quiere la reforma estatutaria, mientras que el Gobierno pretende liderar el proceso a través de leyes de delegación.