Los afectados por el fallo del acelerador del Clínico piden más pruebas a General Electric

Los representantes legales de 11 pacientes afectados por la avería del acelerador lineal de electrones del Hospital Clínico de Zaragoza solicitaron ayer al juez instructor del caso, Javier Seoane, nuevas pruebas testificales y documentales para delimitar la responsabilidad en el accidente de la compañía General Electric, fabricante y encargada del mantenimiento de la máquina.

El portavoz de los pacientes, José María Mariñoso, declaró ayer que consideraban "oportuno" que General Electric responda del contrato de mantenimiento del acelerador y de la actuación del técnico que "no sólo no arregló la máquina sino que la dejó peor". La citada empresa debe aportar ante el juez, según la petición de la acusación, las normas de régimen interior así como el organigrama de la compañía; los datos personales del técnico que, durante los días 5, 7 y 10 de diciembre de 1990, manipuló el acelerador así como su formación y especialización, los cursos a los que ha asistido, quién se los impartió y en qué idioma, y el idioma del manual del operador.

"Giro judicial"

Si el juez admite la petición de los representantes legales de los pacientes puede darse "un giro judicial importante", ya que hasta ahora las pruebas solicitadas han ido encaminadas a determinar responsabilidades sanitarias en el accidente. Mariñoso informó que "se ha desenfocado el tema de fondo, pues la causa inicial y principal de la avería está en General Electric y su empresa matriz en Estados Unidos. Creemos que tiene responsabilidad". Han declarado ya ante el juez unas 23 personas, la mayoría, todas menos 12, en calidad de testigos y son personal sanitario o técnico relacionado con el servicio de radioterapia del Clínico.Ayer declararon como testigos Josefina Gracia Rubio, enfermera del servicio oncológico de radioterapia; Sebastián Navarrete Campos, médico responsable de la unidad en los días en que se produjo la avería, y Bernardo Salceda Martín, técnico que realizaba la reparación de la bomba de cobalto cuando se produjo la avería.

Contestaron a cuestiones concretas a petición de la defensa de las ATS y físicas, encargadas de manipular el aparato, sin que se despejaran las contradicciones de anteriores declaraciones de otros testigos. El accidente afectó a 27 pacientes, de los que 11 han fallecido y cuatro permanecen aún ingresados en centros hospitalarios.