Un juez niega un registro, para frenar el "poder represor del Estado"

Un juez de Madrid ha denegado una petición policial para registrar una nave industrial donde se sospecha que se guardan objetos robados, argumentando que el "poder represor del Estado" tiene "cada vez mayor injerencia en la vida de los particulares con un efecto devastador de los principios fundamentales de la individualidad".El magistrado Ignacio Bigeriego, titular del juzgado número 25 de Madrid, rechazó la petición de la comisaría de Chamartín de Madrid de registrar una nave del Camino de San Chinarro, 35, propiedad de Jesús Alonso Sanz, que había sido detenido en 1988 por delitos de encubrimiento y receptación (tenencia de objetos robados), y en la que se sospechaba que se almacenaban efectos procedentes de robos con intimidación.

El juez opone el respeto a los derechos individuales "para evitar este avance progresivo de la actividad estatal en todos los órdenes de la vida privada de las personas". Tras señalar que el artículo 18 de la Constitución establece que " el domicilio es inviolable", el magistrado se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional para señalar que los jueces no tienen que conceder automáticamente las peticiones de registro que les pide la policía y que hay que examinar cuidadosamente cada solicitud.

La policía argumentaba que, en las vigilancias realizadas de los movimientos de personas que entraban y salían de la citada nave, se observó como algunos de ellos -que no pudieron ser identificados- entraban con grandes bultos y paquetes, saliendo de vacío al poco tiempo.