Paradojas

'EL CASO Sáenz de Santamaría' debe ser reconducido cuanto antes a términos de mesura y de sentido común. Ni un día más debería continuar en la cárcel el ginecólogo malagueño. Su permanencia en prisión, sin juicio previo y sin darle siquiera opción a liberarse de ella mediante fianza, puede convertirse en uno de los atropellos más sonados contra la persona de la reciente historia española. De otro lado, el expediente que le ha abierto el Colegio de Médicos de Waga para expulsarle de la profesión muestra cómo rige, todavía en determinados colectivos profesionales una especie de estado de excepción interno basado en riormas coricebidas, ante todo, para la defensa de trasnochados e inquisitoriales privilegios corporativos.Hubiera parecido una decisión prudente y plenamente acorde con el espíritu más genuino de la ley procesal anular la prisión provisional incondicional del ginecólogo malagueño y sustituirla, en todo caso, por una medida más adecuada a la situación y a la naturaleza del delito de opinión que se le imputa. Pues no. La juez que hace ya más de una semana decretó de oficio, sin mediar querella o denuncia alguna, una medida tan excepcional contra un ciudadano que sigue gozando del derecho a la presunción de inocencia se mantiene incomprensiblemente en sus trece.

Hubiera parecido también suficiente el indulto concedido al ginecólogo malagueño para dar por saldadas las consecuencias punitivas del aborto que practicó a una niña de 14 años violada repetidamente por un familiar. Pues no. Más papista que el Papa, la corporación médica pretende castigarlo por el mismo hecho con la inhabilitación para ejercer la medÍ,cina. En algunos colectivos profesionales sus normas internas parecen estar por encima de las leyes del Estado. Y así puede darse la aberrante paradoja de que 13 que una ley estatal condona pueda ser sancionado por la interna de una corporación.

No desenredar cuanto antes el caso Sáenz de Santamaría no sólo implicaría fomentar la insensibilidad social e institucional ante un caso de privación expeditiva de la libertad de un ciudadano particular. También supondría dar el visto bueno a un peligroso precedente que puede afectar gravemente en el futuro a los derechos y libertades de otros ciudadanos. De ahí que se imponga la inmediata puesta en libertad del ginecólogo malagueño. De ahí, también, que deba terminarse cuanto antes con situaciones profesionales obsoletas, dominadas por normas que pugnan frontalmente con las democráticas que rigen en la sociedad y, el Estado.