La fiscal eleva la pena para dos policías juzgados por torturas

Las acusaciones particular y popular contra dos policías de Parla juzgados por torturas confirmaron ayer a la Audiencia de Madrid sus peticiones de penas, mientras la fiscal aumentó a cuatro años la solicitud de suspensión y la defensa y el abogado del Estado insistieron en la absolución. La sala aceptó la segunda no comparecencia como testigo del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado.Tras haber rechazado su ausencia de la semana pasada "por razones de trabajo", el hecho de que Rodríguez Colorado amparara su incomparecencia de ayer en la asistencia a la cumbre hispano-lusa de ministros del Interior, que concluye hoy en Mérida, pareció suficiente a la sala, que ya no consideró necesario volverle a citar como testigo, según lo solicitado por las acusaciones particular y popular.

Investigación "a fondo"

Los letrados de ambas, Jaime Sanz de Bremond y Fernando Salas, protestaron de que no se cite de nuevo a este testigo. Recordaron que cuando ocurrieron los hechos que se juzgan, Rodríguez Colorado era delegado del Gobierno central en la Comunidad de Madrid y ordenó una investigación "a fondo", cuyo resultado se desconoce.El último testigo fue el recluso José Manuel Moraleja, quien afirmó que tanto a él como a Manuel Rafael Gómez -presunta víctima de las torturas que se juzgan- les detuvieron y golpearon en la comísaría de Parla. Negó que existieran rumores sobre que Manuel "se hubiera ido de la lengua" y algún joven le hubiera pegado.

Terminada la fase probatoria, la fiscal Pilar Barrero elevó a cuatro años de suspensión la pena solicitada por el delito de detención ilegal y aumentó la mdernización a medio millón de pesetas, mientras rebajó a cuatro meses de cárcel la pena solicitada por el delito de torturas. Los otros dos acusadores mantuvieron sus peticiones de cinco años de cárcel, 18 años de inhabilitación especial y tres años de suspensión, así como millón y medio de pesetas de indemnización a los familiares de la víctima, fallecida el 10 de noviembre de 1988 de una neumonía.

Los letrados Sanz de Bremond y Salas, pidieron a la sala que inicie una causa aparte contra dos inspectores de policía y el comisario de Parla por presunto falso testimonio, así como por existir indicios de que hayan cometido, entre otros delitos, el de torturas, que penaliza a "la autoridad o funcionario que faltando a los deberes de su cargo, permitiese que otras personas practiquen torturas o malos tratos.