El fiscal pide ocho meses de cárcel para el primer soldado que alegó objeción

El fiscal pidió ayer ocho meses de prisión para el primer soldado español que se declaró objetor de conciencia después de incorporarse al servicio militar. José Manuel Fierro Conchouso, de 22 años, el único preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional en España desde la dictadura, anunció que, aun en caso de ser condenado, no realizará los 10 meses de mili que le restan por cumplir.

Tras el consejo de guerra, celebrado en el Tribunal Militar Territorial Cuarto de La Coruña, José Manuel Fierro hizo un "llamamiento directo a la deserción".El fiscal Dámaso Alonso consideró que el joven cometió un delito de deserción al no presentarse en su destino en el cuartel militar de Irún (Guipúzcoa) en marzo de 1988 tras disfrutar de unos días de permiso. José Manuel Fierro, natural de León, llevaba dos meses en el servicio militar y decidió entonces declararse objetor.

La Comisión Nacional de Objeción de Conciencia denegó la solicitud de Fierro, que permaneció en la prisión militar de Alcalá desde julio a diciembre de ese mismo año. Durante su estancia en la cárcel, el joven se negó a vestir el uniforme militar, por lo que fue incomunicado durante casi dos meses y se le abrieron otros cinco procedimientos judiciales. En octubre de 1990 volvió a ser encarcelado durante 10 días.

El fiscal señaló que la legislación española tan sólo permite renunciar al servicio militar antes de la incorporación a filas, y afirmó que la objeción de conciencia no figura en la Constitución entre los derechos fundamentales del individuo. La acusación pidió para Fierro ocho meses de cárcel, el cumplimiento del resto del servicio militar y el pago de 7.657 pesetas, correspondientes a prendas que no devolvió.

El acusado afirmó ante el tribunal que su ideología es contraria a la existencia del Ejército, y que no se declaró objetor antes de incorporarse a su destino porque carecía de información suficiente sobre los mecanismos legales para ejercer este derecho.

Tanto Fierro como su abogado, Rafael Sainz de Rozas, insistieron en que su actitud estaba respaldada por una "conciencia social mayoritaria" que rechaza la obligatoriedad del servicio militar.

Para el defensor, el joven no mantuvo una "conducta antijurídica", ya que realizó los trámites oficiales para declararse objetor sin huir de la justicia.

Sainz de Rozas, que calificó el juicio de "histórico", sostuvo que la posible responsabilidad penal de su defendido queda atenuada por el "respaldo sociaal" con que cuentan los objetores. "El tribunal debe escoger entre la aplicación formalista de una ley y las consecuencias que esta aplicación formalista han creado en una persona", concluyó el abogado, que pidió la absolución de Fierro.