Minero, 26 años

EL CUERPO de Antonio Suárez Mella, ayudante minero de 26 años, el tercero de los tres trabajadores atrapados el pasado jueves por un desprendimiento en el pozo Polio, de la empresa Hunosa, fue encontrado sin vida la madrugada del lunes. Con los siniestros mineros ocurre como con los accidentes de tráfico: la opinión pública sólo se conmueve cuando un suceso produce simultáneamente un gran número de víctimas, como hace unos días en Yugoslavia, pero apenas registra el goteo regular de noticias que dan cuenta de una nueva víctima a añadir a la estadística. Y, sin embargo, un millar de mineros han perdido la vida en España en los últimos 10 años. Es seguro que si todas esas víctimas se hubieran producido en un.mismo día, la opinión pública se habría manifestado con indignación pidiendo medidas drásticas, más seguridad, la urgente intervención de las autoridades.Según un estudio de UGT, el índice de siniestralidad de la minería española supera en un 120% a la media de los países de la Comunidad Europea (y es cuatro veces mayor que en el Reino Unido, por ejemplo). Es cierto que las especiales condiciones geológicas de la cuenca asturiana favorecen esa siniestralidad, en particular por derrabe del carbón. Pero ello habría de traducirse en unas más severas medidas preventivas, cuando lo cierto es que la inversión en seguridad sigue estando en España muy por debajo de las de otros países: en 1987, la quinta parte que en el conjunto de Europa.

Con todo, algunos accidentes típicamente mineros, como las explosiones de gas grisú y los desprendimientos en derrabe, son ahora menos frecuentes que hace 15 o 20 años merced a las medidas de seguridad adoptadas. Hunosa -que da empleo a 19.000 de los 27.000 trabajadores del sector en Asturias- destinó el pasado año 2.500 millones de pesetas a medidas de seguridad y prevención, incluyendo programas de formación profesional de los jóvenes mineros. Pero la experiencia indica que ello no basta. Entre otras cosas, porque la mecanización de los sistemas de trabajo ha dado ocasión a accidentes de nuevo tipo, como el incendio, el pasado mes de diciembre, de una cinta transportadora en el pozo Mosquitera, con el balance de cuatro trabajadores muertos. En total, 26 mineros perdieron la vida en el Principado a lo largo de 1989, elevando así un índice de siniestralidad que había venido descendiendo desde 1985.

A su vez, lo que ocurre en las minas es un reflejo de la situación en la mayoría de los sectores productivos. España sigue siendo, según datos aportados en marzo pasado por CC OO, el país del Occidente industrializado con mayor porcentaje de accidentes laborales: el 13% de los asalariados, el doble que en 1983, sufrieron a lo largo de 1989 algún accidente en el trabajo. El número de muertos por tales accidentes se elevó ese año a 1.981, lo que supuso un incremento del 14% respecto a 1988. En el último cuarto de siglo, un total de 60.000 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales en España, y cientos de miles más quedaron inválidos. Cifras demasiado escandalosas como para tomarlas a beneficio de inventario.