Gastos electorales

ADELANTÁNDOSE A otras iniciativas en estudio, el Parlamento vasco aprobó el pasado mes de junio una nueva ley electoral por la que se reducía la duración de la campana para las autonómicas de tres a dos semanas y se limitaban los gastos de los partidos en la misma. La ley fue unánimemente saludada como un ejemplo a imitar por las otras autonomias y por el Parlamento central. Pero no es oro todo lo que relu ce: a dos meses de las elecciones autonómicas de Euskadi, los partidos vascos de oposición han denun ciado que el Ejecutivo de Vitoria ha presupuestado unos 400 millones de pesetas para financiar una campaña publicitaria destinada a ensalzar la gestión del Gobierno de coalición PNV-PSOE en estos últimos cuatro años. Por otra parte, uno de los dos socios, el partido socialista, ha desarrollado desde febrero una campaña de promoción del actual vicepresidente del Gobierno vasco y candidato socialista a lehendakari, Ramón Jáuregui. Los denunciantes piensan que, con el subterfugio de que no se pide expresamente el voto, se está vulnerando el espíritu, si no la letra, de la ley, tanto en lo relativo a la duración de la campaña como a su coste.El asunto de la distinción entre campaña y precampaña, y entre propaganda institucional y partidista, se plantea sistemáticamente en todas las elecciones. Hace ahora un año, en las vísperas de las elecciones gallegas, Fraga acusó a la coalición que entonces gobernaba en esa comunidad de malversación de fondos públicos por la costosa campaña -se habló de .2.000 millones de pesetas, aunque los socialistas aseguraron que la cifra era muy inferior- desarrollada por el Gobierno que presidía González Laxe bajo la etiqueta de institucional. Sería conveniente, por ello, que el proyecto de nueva ley electoral que entrará próximamente en las Cortes -seguramente en septiembre- aborde de una vez este tema.

En España, las elecciones son muy caras. Casi el doble que en el Reino Unido, por ejemplo. Ello no significa necesariamente que aquí se consiga una mayor eficacia en la transmisión de los mensajes de los candidatos. Las campañas son caras, entre otros motivos, porque se utilizan mal las posibilidades de los modernos medios de comunicación, y en primer lugar, de la televisión. Está comprobado que a los mítines sólo acuden los convencidos de antemano, pese a lo cual siguen siendo el eje de las campañas, encareciéndolas innecesariamente. Por ello, un acuerdo de los partidos sobre la nueva ley electoral debería incluir medidas orientadas a garantizar una mayor presencia de los candidatos en los medios públicos y a flexibilizar, en el sentido de moderar las diferencias, los criterios de distribución de tiempos.

El Centro Democrático y Social (CDS) y los socialistas llegaron hace poco a un principio de acuerdo sobre la futura ley electoral que, si bien no incluía el tema de la televisión, sí contemplaba el principio de reducir en un 50% los gastos autorizados a cada partido. Con la ley actual, que fija unos baremos en función del número de electores y de las circunscripciones en que presenta candidatura cada partido, una formación como el PSOE podría gastar unos 3.000 millones de pesetas en unas legislativas, es decir, más del doble de lo que podría recuperar, vía subvenciones, en caso de obtener la mitad más uno de los escaños.

Si hay consenso sobre lo excesivo de los gastos y sobre su influencia en la búsqueda de vías irregulares de financiación, no hay motivos para no alcanzar un acuerdo inmediato sobre su reducción. Ello es posible por más que se mantengan divergencias sobre otras cuestiones colaterales, como la eventual modificación de la,regulación de las donaciones, según pide la derecha. Pero un acuerdo para ser cumplido, y no burlado con subterfugios, como parece ser el caso en Euskadi.