El PSOE pide al Tribunal de Cuentas que investigue los donativos anónimos a partidos en 1987 y 1988

PSOE y PP, partidos cuya financiación ha quedado en entredicho a raíz de los casos Juan Guerra y Naseiro, intentaron ayer en la presentación en el Senado del informe sobre financiación de los partidos en 1987 del Tribunal de Cuentas disipar toda suerte de dudas sobre la legalidad de sus recursos económicos. El PSOE reclamó una ampliación del informe "dada la actual sensibilidad social", y pidió que el citado tribunal investigue "si se han producido aportaciones anónimas, de personas físicas o jurídicas, de empresas públicas o privadas que prestan servicios a cualquier administración pública o de Gobiernos, organismos públicos extranjeros" y, en su caso, fecha y cuantía.El PSOE emplazó a que el tribunal dé respuesta antes de las vacaciones del verano, y que esos aspectos se recojan en el informe de 1988. El presidente del tribunal de Cuentas, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria correspondiente para presentar el informe sobre la financiación de los partidos en 1987 negó, en respuesta a un diputado popular, haber hallado donación ¡legal alguna en la documentación remitida por el PP.

Sala mostró su disposición a investigar la financiación del PP si se lo pide el Parlamento, pero declaró que no puede estudiar el caso Naseiro dado su carácter delictivo. Señaló, además, que no Veía conveniente que una comisión parlamentaria investigue el dinero de los partidos, dado que es "competencia exclusiva" del Tribunal de Cuentas.

Sala mostró una amplia comprensión hacia las dificultades halladas en los partidos para elaborar el informe y para las deficiencias contables e insuficiencias documentales de los balances entregados ya que "era la primera vez que rendían cuentas".

No obstante, reconoció que seguía sin conocer todos los ingresos de los partidos, toda vez que éstos no contabilizan, por ejemplo, los recursos de sus organizaciones territoriales ni las subvenciones parlamentarias. El presidente de este tribunal negó que éstas y otras anomalías hayan impedido conocer "realmente" la financiación de los partidos y consideró que aquéllas no perseguían obstruir su fiscalización.

Respecto a los partidos que no le presentaron ninguna documentación sobre ese ejercicio, PSUC y PCPE, Sala eludió precisar si les sancionará.

El PSOE solicitó que el tribunal exija a los partidos que le completen la información pertinente; y que indague si la documentación entregada refleja la situación financiera real de lo partidos; si superan el tope legal de amortización de crédito y el importe de las aportaciones de afiliados, las subvenciones a lo distintos grupos de las Cortes Generales, asambleas autonómicos y ayuntamientos. Finalmente, el PSOE reclama que se esclarezca si se han ocultado al Tribunal de Cuentas ingresos y gastos derivados de campañas electora les. Del informe sobre la campa ña europea de 1990, Sala minimizó las carencias documentales detectadas, y criticó que bancos y empresas no comunican al citado tribunal ni los créditos que conceden ni los servicios que prestan a partidos.