Los beneficios de los pagarés forales deberán repartirse entre las instituciones

El Parlamento Vasco remitirá a las Haciendas forales un acuerdo unánime de todos los partidos políticos adoptado ayer sobre los pagarés forales que da al Consejo Vasco de Finanzas poder de regulación de las emisiones de este tipo de activos, y propone que la distribución de los beneficios se haga en función de los criterios establecidos por la Ley de Territorios Históricos (LTH), y con destino tanto a las Haciendas forales como a las administraciones local y vasca.El acuerdo parlamentario, suscrito por PNV, PSE-PSOE, Eusko Alkartsuna (EA), Euskadiko Ezkerra (EE), CDS, Partido Popular y Unidad Alavesa (UA), supone un duro revés a los ingresos de las administraciones forales, fundamentalmente a la alavesa -en este momento la que mayor volumen de pagarés tiene en el mercado- al establecer el reparto de los beneficios al 55% para Vizcaya, 32%, para Guipúzcoa y 12% para Alava, aproximadamente.

Los partidos vascos, tras estimar que la comunidad autónoma tiene plenos derechos para emitir este tipo de activos, centran la competencia para el establecimiento de tipos y proporción en los acuerdos Madrid-Vitoria. Además, consideran que "las emisiones de pagarés se articularán de manera coordinada en lo que se refiere a las proporciones internas, y a las repercusiones de sus ingresos entre las diferentes instituciones de la comunidad autónoma al amparo de lo dispuesto en los artículos 14 y 27 de la llamada Ley de Territorios Históricos".

Mientras que el artículo 14 establece los criterios de distribución, el 27 se refiere a la potestad del Consejo Vasco de Finanzas para intervenir en este tema.

Las administraciones central y vasca siguen negociando algún tipo de acuerdo en el conflicto de los pagarés, tras la propuesta del Ministerio de Hacienda para limitar las emisiones vascas a 300.000 millones de pesetas. En la actualidad, sobrepasan el billón, y han servido para financiar las deudas de las diputaciones, y programas excepcionales.

Las Haciendas forales y el Gobierno vasco se han negado a aceptar la propuesta limitadora de la Administración central.