Los agentes y corredores de seguros reclaman a la Administración exclusividad frente a los bancos

El Consejo General de Colegios de Agentes y Corredores de Seguros, por medio de su presidente, Esteban Camarasa Rovira, ha denunciado ante la Administración y ante la opinión pública los efectos negativos que, ajuicio del citado Consejo General, tendría una normativa que permitiera a los bancos y cajas de ahorro vender cualquier tipo de seguro en sus oficinas, tal y como se desprende de la actual redacción del anteproyecto de modificación de la ley de seguros privados.La junta de gobierno del Consejo General de Colegios de Agentes y Corredores de Seguros ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno, al ministro de Economía y Hacienda, al secretario de Estado de Economía y al director general de Seguros, en las que deja constancia de "la profunda preocupación" de esta institución, que representa a un colectivo de 27.000 personas, respecto de las consecuencias que pueden derivarse en el supuesto de que prospere el anteproyecto de ley de adaptación de la normativa española del seguro a la normativa comunitaria, "en el sentido de permitir la constitución de sociedades de mediación por grupos económico-financieros ajenos al sector".

"No poner ninguna cortapisa en la utilización del personal para llevar a efecto la distribución del seguro, ni en el accionariado de las futuras sociedades", según el presidente de los agentes y corredores de seguros de España, "significa entregar 'patente de corso' a un sector precisamente ajeno a la institución del seguro y cuya influencia en él está siendo negativa como demuestra por los graves problemas surgidos con primas únicas y otras operaciones que se están instrumentando".

Tras poner de manifiesto que la CE, en diversas directivas, consagra el principio de especialización, "que implica la separación de las actividades de depósito y crédito respecto a otros sectores y especialmente el del seguro", Esteban Camarasa dijo que el Consejo General que preside aceptaría la participación de las entidades bancarias en el accionariado de futuras empresas suscriptoras de seguros, siempre y cuando los bancos no tuvieran la mayoría de las acciones, para que las empresas de seguros estuvieran dirigidas por personal cualificado del sector.