El alcalde de Leganés quiere legalizar irregularidades urbanísticas, dice IU

El grupo municipal de Izquierda Unida de Leganés ha denunciado en conferencia de prensa que el alcalde, el socialista Fernando Abad, y su concejal de urbanismo, Isidoro Herrero, pretenden legalizar todas las irregularidades urbanísticas en las que se han visto involucrados en los últimos meses. "Intentan colarnos de rondón", señaló Eduardo Cuenca, portavoz de la coalición, "las modificaciones más importantes del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en las que se demuestra la nefasta organización urbanística que se está llevando". Las denuncias afectan principalmente a los expedientes de modificación de las casas calificadas de equipamiento público y a las industrias ubicadas en los márgenes de las principales carreteras de acceso.Las algo más de 10 casas protegidas según la propuesta que los responsables municipales llevarán a pleno el próximo miércoles dejarán de estar contempladas en el PGOU como de equipamiento público. El pasado mes de abril, dos promotores privados presentaron un contencioso administrativo contra unas obras "ilegales" de rehabilitación en uno de estos inmuebles, conocido como Bodegas Fontelo, con la aquiescencia del concejal de urbanismo. Para Izquierda Unida, estas denuncias se confirman con los expedientes de modificación, ya que los convenios firmados por los propietarios son "poco favorables para el Ayuntamiento y generarán una plusvalía muy importante en las casas".

Izquierda Unida denunció también que en el caso de los inmuebles protegidos "están implicados algunos militantes socialistas que se asesoraron por el concejal de Urbanismo para comprar las casas que ahora se van a recalificar para mañana poner la tienda, la boutique o el comercio importante".

Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo han coincidido en afirmar, tras calificar de falsas las acusaciones, que el motivo de estos convenios y modificaciones es tratar de solucionar los "flecos" que quedaban en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU. Según Abad, los inmuebles protegidos han sido ofrecidos muchas veces a distintos organismos de la Administración.