El ciudadano, indefenso

Unos por otros la casa sin barrer, dice el refrán. Nadie salvaguardó ayer en Madrid el derecho de los ciudadanos a disponer de un servicio público , aunque fuera menguado. El concejal de Circulación, Eugenio Morales, aseguró ayer que los sindicatos no acudieron a la reunión convocada para establecer los servicios mínimos.Los sindicatos afirman que sí acudieron, pero que se encontraron con que no había nada que negociar. La dirección de la EMT se limitó, dicen, a notificarles los servicios mínimos ya decididos por el Consorcio Regional de Transportes, que ellos consideraron "abusivos". Tanto el Ayuntamiento como el Consorcio defienden que, si los trabajadores no estaban de acuerdo con dichos servicios, deberían haber recurrido ante los tribunales labrales. "Si no lo hicieron", puntualizó Eugenio Morales, "es que los aceptaron tácitamente".

Fuentes del Consorcio afirmaron que ellos no disponen de fuerzas disuasorias para asegurar la salida de los 750 autobuses afectos a los servicios mínimos. La EMT no puede hacer otra cosa que abrir un expediente y estudiar la posible imposición de sanciones a los huelguistas. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid argumentaron, por su parte, que la policía vigiló las cocheras, pero que sólo podrían haber intervenido si se hubieran producido desórdenes públicos o enfrentamientos, lo que no ocurrió.

La mejora del transporte público, con la finalidad de disuadir a los automovilistas privados y hacer más habitable la ciudad, es un objetivo que ha sido asumido directamente por el presidente del Gobierno, Felipe González.