La paz social

EL DEBATE sobre el estado de la nación ha certificado el fracaso de un modelo de diálogo económico-laboral -la concertación- que tan fundamental papel ha desempeñado como garantía de estabilidad social, y sobre todo política, durante la primera década de restauración democrática. ¿Significa ello que haya que dar por concluido también el diálogo social? ¿Ha terminado con esta etapa un venturoso período de paz social? Concertación, diálogo social, paz social. Durante los últimos meses, estos tres conceptos han sido barajados, y repartidos casi como sinónimos, en un confuso trasiego que poco ha ayudado a arrojar luz sobre la compleja situación creada por la ruptura de las negociaciones entre Gobierno y sindicatos.Una de las claves para situar en sus justos términos cada una de estas nociones la ofreció el miércoles, probablemente sin quererlo, el dirigente comunista Nicolás Sartorius. Vino a decir el brillante tribuno de Izquierda Unida que para la existencia de la paz social no era imprescindible que los sindicatos firmasen un pacto con el Gobierno. Sus intenciones eran seguramente otras de las que pueden deducirse llevando hasta el final su razonamiento, porque el diputado comunista estaba contestando, de esta manera, a la acusación del presidente del Gobierno de que los sindicatos no quieren firmar nada con este Ejecutivo. Aun así, la afirmación de Sartorius no puede ser más exacta. Así como el modelo de concertación no agota toda posibilidad de diálogo social, la paz que de este diálogo se deriva puede garantizarse por otros medios que el modelo fracasado. Dicho esto, hay que poner en duda de nuevo si no ha sido demasiado imprudente dar por liquidada una forma de entender el diálogo social que probablemente no haya agotado todas sus posibilidades. Y es lamentable, en términos de coherencia política, que esto haya ocurrido precisamente cuando gobierna un partido sociádemócrata.

En todo caso, el fracaso de una forma de concertación no tiene por qué significar necesariamente el fin de todo diálogo, y de ningún modo la subversión de la paz social. En casi ningún país de Europa occidental, los Gobiernos -socialdemócratas o conservadores- firman acuerdos globales con los sindicatos, y, sin embargo, no puede decirse que no exista en la mayoría de ellos diálogo social. Se trataría ahora, pues, de recomponer en España ese consenso a partir de los escombros de la agonizante concertación.

Tarea bien difícil, sin duda. Demasiadas heridas han quedado abiertas, tal vez inútilmente, en las últimas escaramuzas de la batalla entre el Gobierno y los sindicatos. Los duros y descalificadores propósitos vertidos por el jefe del Ejecutivo contra las representaciones obreras en las Cortes pesarán como una losa durante largo tiempo sobre el ánimo de sus dirigentes. Por lo mismo, la tozudez de hacer una cuestión de principio de ciertas reivindicaciones -algunas de las cuales no parecen las más urgentes desde el punto de vista de la garantía de una paz social- ha avivado las sospechas de quienes, dentro del PSOE, atribuyen a los sindicatos intenciones políticas más allá de la negociación estrictamente económico-laboral. La batalla se ha saldado, además, con la ruptura entre las direcciones del sindicato y del partido socialistas, un pleito familiar que tiene su propia dinámica y que inipondrá a partir de ahora un sistema de relaciones aún por experimentar.

La capacidad de las partes interesadas en la reconstrucción de alguna forma de diálogo social va a ser puesta a prueba muy pronto. Atendidas por vía presupuestaria algunas de las reivindicaciones pendientes -en virtud del mandato dado el miércoles por el Parlamento al Gobierno-, queda abierta la aún no fenecida mesa por el empleo, donde pueden ser abordadas otras dos de las cuestiones pendientes: una mayor cobertura al desempleo y la discusión de un nuevo plan de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Y éstos sí que son problemas que afectan al corazón de la estabilidad social de nuestro país. Como lo es el proceso de negociación colectiva en las empresas que debe iniciarse casi inmediatamente. Ayer, los sindicatos comenzaron a estudiar cuál será, su posición en ese proceso, y la patronal ya lo había. hecho anteriormente. Del buen sentido de ambas partes depende que los acuerdos salariales que se logren no constituyan un gravamen peligroso para el proceso de recuperación económica. Más dura será esta causa. dentro de las empresas públicas, donde los sindicatos volverán a encontrar al Gobierno como oponente.

Finalmente, los próximos meses deben alumbrar la constitución del siempre aplazado Consejo Económico y Social, cuya ley de creación fue también urgida por el Parlamento al Gobierno. A través de estos instrumentos -y de cualquier otro que vaya surgiendo- se puede ir reconstruyendo un clima de diálogo que garantice esa paz social que nadie en este país, a juzgar por lo públicamente expresado, quisiera ver relegada a los libros de historia.