Un golpe a precio de saldo

Los jueces no se ponen de acuerdo sobre el coste jurídico de una bofetada. Si hace unas semanas el agresor que rozó a Miguel Boyer fue condenado a 10.000 pesetas de multa, el bofetón de un policía a un ciudadano ha sido ventilado por la mitad de ese precio, según el fallo conocido ayer y dictado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que obligó al juez de distrito número 25 de Madrid a pronunciarse sobre el caso.

El origen de esta causa fue la bofetada que el 10 de noviembre de 1985 propinó el agente de guardia de la comisaría de policía de Chamartín, de Madrid, a Manuel Martín Fernández, que acudió allí, acompañado de su esposa, para denunciar el robo de objetos de su vehículo. El matrimonio aparcó el coche junto a la comisaría, el policía ordenó su retirada y cuando Martín daba explicaciones, recibió un bofetón, que inmediatamente denunció en comisaría. A su vez, el policía acusó al denunciante de desobediencia.Los sucesivos jueces que conocieron ambas denuncias se olvidaron de la bofetada, a pesar de que Martín acompañó el parte de la casa de socorro sobre las lesiones sufridas. El titular del juzgado de distrito número 25 de Madrid condenó a Martín a una multa de 7.500 pesetas por "ofensa leve a agente de la autoridad" y el juez de instrucción número 5 de Madrid confirmó la sentencia. Ante la ausencia de resolución sobre la bofetada recibida, Martín solicitó el amparo del Tribunal Constitucional, cuya sala segunda (veáse EL PAÍS del 25 de octubre de 1988) ordenó al juez juzgar y fallar sobre la denuncia formulada.

5.000 pesetas

Así lo ha hecho el juez sustituto del juzgado de distrito número 25 de Madrid, que ha condenado al policía Isidoro Bolaños Jiménez a 5.000 pesetas de multa. En la sentencia se declara probado que Bolaños dió al denunciante "con la mano abierta, un bofetón en la cara, en su parte izquierda, del que fue asistido posteriormente en la casa de socorro de Buenavista, cuyo parte textualmente reseña: 'aqueja dolor contusivo en región molar izquierda'".El juez razona que "el policía actuante, al verse ofendido en su persona, reaccionó maltratando de obra al implicado, sin causarle lesión, pese a que exista un parte de la casa de socorro, pero claramente del mismo no se desprende objetivamente la reseña de ninguna lesión", matiza, "sino más bien la reseña de una alegación". Conclusión: desobedecer al aparcar le costó a Martín 2.500 pesetas más de lo que le ha costado al policía abofetearle.

Así y todo, Mario Silva Arriola, abogado del abofeteado, comenta que "aunque la condena es menguada", dice, "sanciona la conducta impropia de un funcionario público, para quien el fiscal insistió en pedir la absolución".