La guerra de los documentos secretos

El inspector Juan José Medina, de 41 años, fue detenido hace cinco por la presunta sustracción de 35 documentos reservados de la Comisaría General de Información, y dos meses después la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictaba auto de procesamiento contra él por infidelidad en la custodia de documentos.

Según la Audiencia, Medina, que estuvo destinado en la Brigada de Interior de diciembre de 1982 a junio de 1983, sustrajo documentos confidenciales y obtuvo copia de otros, y los llevó a una casa de Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real), donde había fijado su residencia poco antes. Los expedientes fueron encontrados allí.

El texto judicial precisaba que no se había demostrado que los documentos sustraídos hubieran sido difundidos o publicados, por lo que no parecía que se hubieran derivado graves daños para la causa pública. El inspector Medina se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 400.000 pesetas.

Denuncia

Medina, que había denunciado a otros dos policías por la sustracción de 5.000 expedientes confidenciales, ha sido uno de los testigos claves en las investigaciones realizadas por el juez José María Vázquez Honrubia, titular del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, sobre el espionaje a partidos políticos legalizados. Medina declaró que cuando llegó a la Brigada de Interior, en 1982, intentó cortar esa práctica, pero que continuó por rutina. El inspector manifestó también que los policías infiltrados en el PCE y AP eran pagados con cargo a los fondos reservados de la dirección.El antiguo jefe de Medina, el subcomisario Mariano Baniandrés, declaró entonces que el policía era objeto de una persecución. Medina y Baniandrés, considerados hombres próximos a Carlos Sanjuán en el Ministerio del Interior, fueron destituidos en julio de 1983, después de que el segundo intentara trasladar a 12 de los funcionarios de la brigada, entre ellos uno de los implicados en la desaparición de los 5.000 expedientes.