La venta del yate 'Fortuna' tiene que autorizarla el Gobierno

La decisión sobre la venta del yate Fortuna, perteneciente al Patrimonio Nacional y actualmente a disposición de la Corona, corresponde al Gobierno, según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora de dicho patrimonio. Esta ley considera que los bienes integrados en el Patrimonio Nacional son, entre otras cosas, "inalienables", si bien su consejo de administración puede realizar al Gobierno la propuesta de "desafectación", cuando "hubiesen dejado de cumplir sus finalidades primordiales".El yate Fortuna, regalo del rey Fahd de Arabia Saudí a don Juan Carlos y como tal adscrito al Patrimonio Nacional en 1979, se ha puesto en venta según un folleto publicitario elaborado por la compañía británica Asociated Yacht Brokers (veáse EL PAÍS de ayer), sin que: exista constancia de que se haya producido el acuerdo gubernamental que permita la enajenación. Una vez cumplidos los trámites legales, el Fortuna podrá ser vendido, por no tratarse de un bien de valor histórico-artístico. La desafectación [pérdida de la condición de bienes adscritos al Patrimonio Nacional] de éstos últimos no está permitida "en ningún caso".

Consenso en la Constitución

La regulación por ley del Patrimonio Nacional es una exigencia del artículo 123.3 de la Constitución, que establece: "Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación". Este precepto fue introducido en el último tramo de la elaboración parlamentaria del texto constitucional, que duró unos 15 meses. En concreto, se incorporó en las reuniones de la comisión mixta Congreso-Senado, encargada de concordar los proyectos aprobados por una u otra Cámara.El texto elaborado por el Congreso no hacía referencia al Patrimonio Nacional. Sin embargo, en el Senado, a propuesta de Fernando Chueca Goitia, de UCD, y con la oposición de los socialistas, prosperó que el patrimonio artístico nacional se considerara como un ente unitario, una especie de Patrimonio de la Corona. Cuando la cuestión llegó a la comisión mixta, los socialistas insistieron en que se suprimiera todo el párrafo y se estableciera solamente la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos de España.

El presidente de la comisión mixta y de las Cortes Constituyentes, Antonio Hernández Gil, no se opuso a la propuesta del PSOE, pero aquella misma tarde señaló al centrista José Pedro Pérez Llorca la conveniencia de que se incluyera una referencia a la futura ley Reguladora del Patrimonio Nacional. Unión de Centro Democrático hizo suya la propuesta y se produjo uno de los numerosos consensos obtenidos durante la elaboración del texto constitucional.

La intervención de Hernández Gil dio pie a que se interpretara que existía acuerdo con la Zarzuela. En todo caso, el entonces diputado del PSOE Alfonso Guerra explicó a los periodistas que para que los socialistas aceptaran otra configuración del Patrimonio Nacional sería preciso garantizar el cese de Fernando Fuertes de Villavicencio, que venía presidiendo el organismo desde tiempos de Franco.