Abogados del 'caso el Nani' insisten en que interior aclare el uso de la ley antiterrorista

Los abogados de la acusación y de las defensas de los principales procesados por la desaparición del Nani han requerido al ministro del Interior, José Barrionuevo, para que especifique el número de delincuentes comunes a los que se aplicó en toda España la ley antiterrorista desde su promulgación en 1980 y hasta fines de 1983. Barrionuevo respondió con evasivas, el jueves, en su declaración por escrito a las preguntas que al respecto hicieron los defensores.

El titular del departamento contestó entonces que no le constaban "tales datos, si bien, con seguridad, obran en las dependencias de este ministerio". La sala concedió a las partes de la causa, ante sus protestas por las imprecisiones de Barrionuevo, que realizasen nuevas preguntas al ministro para aclarar los extremos no precisados en esa primera declaración.El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, ha requerido al ministro que aclare seis de sus respuestas, entre ellas si acordó la incomunicación de Santiago Corella, a propuesta de los agentes. Barrionuevo y la cúpula de su departamento se ampararon en que la aplicación de la ley dependía de los policías y que Interior sólo la con firmaba o desmentía. El letrado inquiere también si el télex enviado por el ministro en que "acordaba la aplicación" de la ley antiterrorista al Nani "fue debido a que la propuesta por parte de la autoridad policial se ajustaba a derecho".

Por su parte, Manuel Tuero, defensor de los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y José María Pérez Gutiérrez, solicita al ministro que recabe de sus subordinados los datos pertinentes al uso de dicha ley en el periodo de tiempo citado. En otra pregunta, el abogado cuestiona, usando un "símil futbolístico" si la anterior declaración de Barrionuevo "no supone arrojar balones fuera".

Los letrados de la acusación, José Antonio Sanz Grassa y Jaime Sanz de Bremond, realizan 27 preguntas al ministro, entre ellas con qué información se acordó la incomunicación de Corella y si hubo error en la misma. Las acusaciones requieren también saber si era Barrionuevo personalmente, y en su defecto el Director de la Seguridad del Estado, "quienes autorizaban en todos los casos la incomunicación de detenidos".

En la sesión de ayer, el comisario Fernando Martínez Coss-Gayón, jefe del grupo de estupefacientes de Madrid, desmintió a las autoridades del departamento al afirmar que la ley antiterrorista "no la aplicaban directamente" los agentes.

Los abogados defensores protestaron ayer y anunciaron los recursos pertinentes contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que concedió al presidente de la sala, el magistrado Salvador Domínguez, la prórroga de jurisprudencia.

Algunas de las defensas han comenzado a renunciar a testigos de entre los que habían propuesto. Una de estas renuncias impedirá que testifique en la vista oral el inspector Adelardo Rafael Martínez García, procesado en el sumario de la Audiencia de Santander conocido como de la mafia policial.