La armas, los barcos e Irán / Irak

La noticia de que el Gobierno ha prohibido la entrada en puertos españoles de 32 barcos, conocidos por enviar armas a países de Oriente Próximo sujetos a embargo de material bélico, resulta algo más que sorprendente.En primer lugar, ratifica algo denunciado desde hace años por la opinión públia, por algunos medios de comunicación (entre ellos EL PAÍS) y por varios parlamentarios, a saber, que empresas públicas y privadas españolas envían sistemáticamente, desde los inicios de la presente década, material bélico a Irán e Irak. Hasta ahora, la respuesta gubernamental ha sido la de negar repetidamente estos envíos, excusándose en ,que las autorizaciones se atorgaban a países que no estaban embargados. Si de ahí se envian a Irán o Irak no es problema del Gobierno, sino de los países que aceptan el papel de intermediarios en estas ventas triangulares.

Todo el mundo sabe, sin embargo, que los cargamentos destinados a Jordania van a parar, en realidad, a Irak, y que los envíos dirigidos a Siria, Libia, Tailandia, Singapur, Grecia, Portugal, Filipinas, Indonesia, etcétera, suelen ir a parar al fi-ente iraní. Hay múlliples documentos que atestiguan estos envíos, que se han realizado bajo la completa permisividad gubernamental. Se conoce también el nombre de muchas de las empresas implicadas en este tráfico, destacando especialmente las del grupo ERT (la propia ERT, Explosivos de Burgos, Explosivos Alaveses o Esperanza) y la Empresa Nacional Santa Bárbara, del INI. En un estudio de próxima publicación se muestra una lista de 64 barcos implicados en no menos de 69 envíos desde España a Irán o Irak a lo largo del período 1982-1987. La mayor parte de estos envíos han sido ya denunciados por los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Sorprende, en este sentido, que la decisión gubernamental afecte sólo a 32 barcos, cuando hay al menos otros tantos que se han dedicado a esta misma actividad. ¿Cuál puede ser la razón de este criterio selectivo? Una primera pista, y muy significativa, es que de los 32 barcos sólo uno ha enviado material a Irak (el Jotun, en febrero de 1987). Los 31 restantes han escargado su material en Irán. De estos datos se deduce una conclusión muy simple: lo que se pretende es, en todo caso, obstaculizar el envío de armas a Irán, pero no a Irak. Los motivos los sabrá el Gobierno, que es quien ha tomado la decisión, pero habrá que recordar que el embargo se refiere tanto a un país como a otro.

Unos sí y otros no

Pero hay un segundo interrogante: ¿por qué estos barcos y no los otros? Conocemos otros 19 barcos que han enviado armas a Irak en estos años y otros 21 que lo han hecho a Irán y, sin embargo, no se incluyen en la lista. Deducción simple de este criterio: la medida pretende vender a la opinión pública la imagen de que desde las esferas gubernamentales se quiere echar mano a este asunto. Pero la pretensión es burda si sólo se quiere prohibir la entrada a la mitad de los barcos conocidos. Queda la otra mitad y, además, pueden contratarse nuevos barcos dispuestos a hacer los envíos. Incluso, como ya se informó en este periódico, los mismos barcos prohibidos pueden cambiar de nombre. En definitiva, si lo que se pretende es impedir las exportaciones de armas a Irán e Irak, el peor sistema es el que se ha elegido, aparte de que se ha hecho con un criterio insuficiente.

Una tercera reflexión: si se quiere evitar el envío de armamento a Irán e Irak, es decir, si se quiere hacer cumplir la ley, lo importante es controlar a las empresas productoras de armamento, especialmente a las que se han especializado en el envío de material a esta zona de Oriento Próximo. Y hay múltiples formas de hacerlo. El Gobierno, los servicios secretos, la CIA, los satélites y otras instancias lo saben de sobra. Y si por ventura no lo supieran, un servidor, por el módico precio de 100.000 pesetas, esto es, por la millonésima parte del valor de las armas enviadas por España a Irán-Irak desde 1980, estaría dispuesto a explicarlo. Es, desde luego, un porcentaje mucho menor, al menos cien mil veces menos, que la comisión que reciben los traficantes de armas por cada operación.