Juicio por supuesta estafa por la venta de falsificaciones de Picasso y Miró

La Audiencia de Barcelona dejó ayer visto para sentencia el juicio celebrado contra la marchante Begoña Guerrero por una supuesta estafa cometida al vender dos cuadros que resultaron ser falsificaciones de sendas creaciones de Pablo Picasso y Joan Miró. Tres bailarinas de can-can y una bailarina y Dona davant la lluna, son, respectivamente, los nombres de los dos cuadros, de pequeñas dimensiones, vendidos como auténticas obras de Picasso y Miró.La operación se produjo en la galería Jackson, regentada por la marchante procesada, en la calle de San Marcos de Barcelona. Un particular, cuya identidad responde a las iniciales J. L. C., pagó 2.500.000 de pesetas por los lienzos que fueron supuestamente vendidos por la propietaria de la galería. Los cuadros fueron vendidos junto con el certificado de autenticidad, extendido por el perito francés Jean Pierre Lacordaire, en el caso del falso cuadro de Picasso, y por Francisco Farreras Valesti respecto a la pintura atribuida a Miró. El fiscal señaló ayer en la vista oral, celebrada en la Sección Quinta de lo Penal, que la venta de las falsificaciones constituye un delito de estafa cometido por la marchante Guerrero, para la que solicitó la imposición de dos años de prisión. La misma pena fue solicitada por la acusación particular.

La procesada afirmó ayer ante el tribunal que desconocía que las obras fueran falsas. Según su versión, su papel en la operación se limitó a actuar como intermediaria entre el comprador y Concepción Izquierdo, persona que, de acuerdo con su testimonio, le había vendido los cuadros. Por este motivo, la defensa de la acusada pidió la libre absolución.

Durante la instrucción del sumario se llegó a certificar la falsedad de los cuadros vendidos por un peritaje realizado respectivamente por el museo Picasso y la Fundación Miró. Por esta causa judicial, la marchante Guerrero fue detenida en abril de 1983, ingresó en la cárcel de mujeres y fue puesta en libertad bajo fianza por orden del juez Manuel Sáez Parga, magistrado que inició la investigación.