División en el Gobierno de la Xunta por la política lingüística

La política lingüística está creando serias tensiones en el seno de los grupos políticos que apoyan a la Xunta -PSOE, Coalición Galega (CG) y Partido Nacionalista Galego (PNG)- que ayer perdió, por primera vez en sus dos meses y medio de existencia, una votación en el Parlamento gallego, al ausentarse intencionada mente tres diputados del PNG y uno socialista para mostrar su discrepancia con el Ejecutivo que preside Fernando González Laxe, en lo que se refiere a la implantación del idioma gallego.Se debatía la toma en consideración de una proposición de ley, presentada por el nacionalista Camilo Nogueira, que obligue a las corporaciones a redactar sus documentos públicos en lengua gallega. La Xunta pretendía rechazarla alegando que así se evitarían reacciones encontradas y crispaciones negativas para la expansión del gallego.

Sin embargo, esta actitud provocó el abandono de la Cámara por parte de varios diputados del PNG y socialistas, algunos de los cuales regresaron a sus escaños persuadidos, en los pasillos del Parlamento, por los dirigentes de ambos partidos.

La persistencia de Carlos Mella, Antonio Olives, Luis Cordeiro y el socialista Francisco González Amadios en no rechazar la propuesta nacionalista, con la que estaban totalmente de acuerdo, provocó la derrota de la Xunta. El portavoz del Gobierno y líder del PNG, Pablo González Mariñas, restó importancia a este revés político, aunque añadió que los diputados que lo provocaron tendrían que dar explicaciones a sus respectivos grupos.

Estos cuatro parlamentarios, junto con el conselleiro de Pesca, Enrique Rodríguez Peña, ocuparon lugares destacados en la masiva manifestación, celebrada el domingo en Santiago, en favor del gallego, cuando sus partidos y la Xunta, a la que apoyan, se mantuvieron al margen.

Iniciativa popular

En la misma sesión, el pleno del Parlamento gallego aprobó una ley que regula la iniciativa popular. Así, algo menos del 1% del cuerpo electoral gallego, 15.000 firmas, pueden presentar una proposición de ley en la Cámara autonómica sobre cualquier asunto a excepción de las materias de exclusiva competencia de la Administración central, las normas básicas de desarrollo estatutario y las que afecten a los presupuestos. Su mentor, Fernando Martínez Randulfe, del PSG-Esquerda Galega, señaló que era la ley de iniciativa popular de Europa que exigía menos porcentaje de firmas.