La 'guerra de los cupones'

EL CASO del cupón en beneficio de los minusválidos se puede convertir -se debe convertir, para su depuración- en un escándalo nacional. La organización que está detrás, Prodiecu, que responde al vago e inquietante nombre de Promoción y Difusión de Entidades Culturales, funciona dentro de la ilegalidad, pero aparentemente está a cubierto de cualquier ataque. Esta sociedad anónima ha dado a sus propietarios cientos de millones de pesetas de beneficios que debían ir en su totalidad a los minusválidos. Pero tiene también una defensa que impresiona: si se disuelve la sociedad y se suprime el cupón ilegal quedarían sin recursos los 12.000 minusválidos que trabajan en ella.La principal perjudicada es la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que ha decidido, tras tres años de reclamaciones infructuosas, pasar al contraataque: el cuponazo eleva su premio gordo a 100 millones para dificultar la competencia de Prodiecu (2,5 millones de premio máximo), con lo que espera lograr 15.000 millones de pesetas adicionales al año y promete dar trabajo a 7.000 minusválidos más. Esta" operación ha sido puesta en marcha sin los preceptivos permisos de la Administración, lo que abre una espiral preocupante: si Prodiecu, de evidente ilegalidad, no es perseguida, no podrán reprochársele a la ONCE algunas irregularidades.

Se dice que España es el país que más dinero entrega al azar en Europa, y también que estos sorteos son los que menos reintegran a los jugadores: los fines benéficos se llevan la parte que les corresponde -las autorizaciones dependen de la finalidad social-, pero también unos enormes gastos de organización, administración y, probablemente, en algún caso -como el que se denuncia en Prodiecu-, a beneficios privados de carácter negro.

La Comisión Nacional del Juego no parece tener muy clara su actuación en el problema de la guerra de los cupones. Si no se duda de la legalidad de la ONCE -a pesar de sus precipitaciones de estos últimos meses-, también se la teme por el posible daño que la ampliación de premios pueda hacer a las loterías del Estado, que Hacienda defiende con su apetito de siempre. Sin embargo, parece fuera de duda que los beneficios para sus afiliados son reales y que trabaja no solamente para que los así inferiorizados tengan an medio de vida, sino también para su reinserción laboral, dándoles trabajo en otras empresas en las que invierte (la ONCE, con sus 163.000 millones de pesetas de ingresos el año pasado, que están aumentando en éste, es una de las 10 empresas más importantes de España). Sus directivos, elegidos democráticamente desde 1982, han logrado un despegue espectacular de la empresa, a la que han dotado de una estructura moderna que ha incorporado para su gestión los más interesantes avances tecnológicos.

El Gobierno no ha asumido hasta ahora sus responsabilidades bajo la disculpa de que peligra el puesto de traba o de 12.000 vendedores ¡legales. Parece que la solución es, efectivamente, la integración de los minusválidos físicos (actualmente hay en España unos 700.000 impedidos parcial o totalmente) en la ONCE o en un organismo que la refundiese con otro nombre, sin que ello signifique que deban perder su identidad como colectivo con problemas concretos. La estadística revela que existen cada vez menos ciegos, mientras que aumenta el número de otros minusválidos. Pero conviene también que la cuestión de Prodiecu se esclarezca antes. Hay una creencia extendida de que los escándalos perjudican a las democracias, y no es así: es una forma de depuración.