Un programa que no pudo llevarse a la práctica

La reforma agraria, el programa legislativo más ambicioso de los puestos en marcha, por el Gobierno andaluz, fue desbloqueado ayer definitivamente por el Tribunal Constitucional tras haber tenido que sufrir un enrevesado camino jurídico que se inició, prácticamente con la promulgación de la ley, en julio de 1984. La reforma agraria andaluza, a casi tres años de su promulgación, sigue siendo un proyecto que el Gobierno regional no ha podido llevar a la práctica, debido fundamentalmente a la ofensiva Jurídica desplegada por la patronal Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (Fasaga), que recurrió ante los tribunales todas y cada una de las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía.La ofensiva patronal se complementó con el recurso de inconstitucionalidad promovido por Alianza Popular en 1984, y en cuya elaboración participaron activamente los dirigentes regionales del partido José Ramón del Río y Miguel Arias Caficte. Por parte de la patronal, la ofensiva jurídica contra la reforma agraria ha estado dirigida por el catedrático de Derecho Administrativo y ex ministro de UCD, Manuel Clavero Arévalo. En estos momentos hay abiertos ante la Audiencia Territorial de Sevilla y ante el Tribunal Supremo un total de 11 pleitos.

El principal triunfo de la patronal contra el programa de reforma agraria del Gobierno andaluz se alcanzó el 5 de febrero de 1986. En esa fecha la Audiencia Territorial de Sevilla -veladamente acusada en alguna ocasión por el presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, de favorecer abiertamente los intereses empresariales- invalidaba el reglamento de la ley y suspendía las 12 expropiaciones de uso decretadas en la comarca de Antequera. La suspensión del reglamento, que paralizó todo el proceso y obligó a la Junta a reelaborarlo, se basaba en la ausencia de un dictamen previo del Consejo de Estado, que la Audiencia estimó preceptivo, mientras que las expropiaciones en Antequera se anulaban por no haberse cumplimentado los trámites de audiencia para los afectados.Hasta que se promulgaron estas sentencias, que supusieron en la práctica la paralización del todo el proceso en marcha y que dieron lugar a multitud de recursos y contrarecursos, la Junta había declarado zonas de reforma agraria ocho comarcas en las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva y Granada. Tan sólo en Antequera (Málaga) el Gobierno había aplicado las medidas sancionadoras previstas en la ley, decretando en 1985 la expropiación de uso de 12 fincas e imponiendo en otras planes de mejora y el abono del impuesto por infrautilización de tierras, las tres medidas sancionadoras previstas.