Pobreza de medios, dependencia de EE UU y corrupción enmarcan la lucha contra el narcotráfico en Bolivia

Una pobreza casi franciscana en medios físicos y económicos, la subordinación "técnica, administrativa y psicológica" de un incoherente aparato policial boliviano a un organismo extranjero de espionaje, el de Estados Unidos, y la corrupción en todos los niveles policiales y judiciales son los rasgos más característicos -reflejados en tres informes parlamentarios entregados al Congreso- que enmarcan la lucha contra una poderosa y organizada mafia de traficantes de drogas que opera en Bolivia.

El Congreso boliviano inició el pasado miércoles difíciles y comprometidas sesiones para adoptar decisiones en base a los informes presentados por los miembros de la comisión mixta encargada de investigar las circunstancias que rodearon la muerte del científico Noel Kepmff Mercado y dos de sus acompañantes en el parque forestal de Huanchaca, en el noreste de Bolivia y a 30 kilómetros de la frontera con Brasil.A primeros de septiembre, una misión científica -cuyo único sobreviviente es el biólogo español Vicente Castelló- descubrió accidentalmente una de las mayores fábricas de cocaína del país cuando buscaban un lugar para establecer la base del campamento e iniciar, junto con otros biólogos españoles, un inventario de las raras especies de flora y fauna de esa región.

La denuncia de Castelló, tras ser rescatado, permitió conocer oficialmente la existencia de una tenebrosa red de narcotraficantes vinculada a poderes económicos y políticos de Bolivia, pero además protegida o tolerada por los organismos que forman parte del sistema judicial y policial bolivianos.

Las investigaciones de la comisión mixta, que no llegaron a identificar ni a los autores del crimen y menos a los dueños de las tierras o la fábrica de cocaína -que tenía, según las estimaciones oficiales, una capacidad de producción de 300 kilos de clorhidrato de cocaína a la semana-, pero sí a establecer que la existencia de la fábrica estaba en conocimiento de jefes policiales y también de miembros de la oficina de narcóticos de Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Administration) aproximadamente desde junio de este año. Y, aunque hubo vuelos de reconocimiento, no se realizaron operativos por razones de mal tiempo y de pistas inadecuadas, según un informe reservado de la Embajada de Estados Unidos a la Cancillería boliviana.

Los tres informes coinciden en lamentar la desmedida subordinación de la policía a los servicios de inteligencia de la DEA, que, según "quedó demostrado, se halla en posesión de toda la información y planes que elabora la policía, mientras que esta institución permanece en la más absoluta ignorancia respecto a las informaciones de inteligencia que la DEA procesa".