Desartículado un comando terrorista en Guipúzcoa

Inspectores del Cuerpo Nacional de Policía desarticularon ayer en Pasajes (Guipúzcoa) al comando legal (los integrantes no están fichados) Aker de ETA Militar al que se le atribuye el asesinato por error del jubilado de ideología comunista Enrique Moreno Argilea, hecho cometido el 2 de mayo de este mismo año en San Sebastián. La policía ha detenido a dos presuntos activistas de este comando, Francisco Javier Sagarzazu Mendibe y Juan Andrés Urkizu Ormazabal, ambos de 22 años y naturales de San Sebastián. También han sido detenidos Susana Tobalina y Francisco Franco, acusados de colaborar con ese mismo grupo terrorista. Entre el material intervenido en los distintos registros, figuran un subfusil marca Mat, calibre nueve milímetros, tres pistolas, dos de ellas marca Star que formaban parte del lote robado años atrás a la Ertzantza (policía autonómica vasca), abundante munición, documentación sobre las técnicas de utilización de los explosivos, pelucas, material de camuflaje, un cable eléctrico y un ejemplar de Zutabe, publicación interna de ETA Militar. La nota de ayer del Gobierno Civil de Guipúzcoa indica que el comando Aker (en euskera significa macho cabrío, sin sentido peyorativo), se encontraba a la espera de recibir explosivos y dinero para atentar contra intereses franceses situados fuera de Euskadi. Entre los objetivos de este comando, al parecer recientemente constituido, figuraba el incendio de la empresa Michelín de Valencia y de los supermercados Pryca, Mamut y Bric-Hogar, estos últimos situados en la provincia de Guipúzcoa. Además del asesinato del jubilado Enrique Moreno, un error admitido por la propia organizacián terrorista, el comando Aker está acusado del robo a punta de pistola en febrero de este año de un coche Dyane 6, que iba a ser utilizado en un atraco.Miguel Castell, abogado de los detenidos, acusó ayer al Gobierno Civil de Guipúzcoa de "usurpar facultades del poder judicial y los derechos humanos de estas personas", según informa Efe. El letrado, que no ha podido hablar con los detenidos al haberles sido aplicada la ley antiterrorista, considera que una acusación como el asesinato de una persona y el robo de un vehículo sólo se puede hacer por el ministerio fiscal, ante un juez, y no en una nota gubernativa.