Tráfico de personas

LA INVEROSIMILITUD de la historia narrada por los refugiados tamiles encontrados hace una semana cerca de las costas de Terranova fue lo que puso a las autoridades canadienses en la pista de la verdad: muy pronto pudo esclarecerse que esos refugiados no llevaban cinco días perdidos en el mar, después de meses de navegación desde las costas de la India, sino que muchos de ellos residían en la República Federal de Alemania (RFA) y habían llegado allí en avión, superando prohibiciones legales. Para ello, existe en Berlín una curiosa brecha: al no reconocer como frontera la división de hecho -el muro impuesto en esa ciudad por los soviéticos-, las autoridades occidentales no ejercen control en los pasos de Berlín Este a Berlín Oeste; y ello es utilizado por redes dedicadas al tráfico con los desheredados del Tercer Mundo, con la complicidad de ciertas agencias de viaje. Desde la RFA, un barco llevó a los refugiados tamiles hasta cerca de las costas canadienses; luego fueron colocados en lanchas de salvamento, como si fliesen náufragos, para obligar a los canadienses a recibirles.A pesar de críticas de los sectores más reaccionarios, el Gobierno conservador ha decidido aplicar a este contigente la ley que otorga, a todo refugiado, un plazo de un año para regularizar su situación. Es una actitud digna de encomio, sobre todo cuando otros Gobiernos olvidan toda norma ética ante el problema de los inmigrados del Tercer Mundo. Los tamiles presentan un caso específico.

La guerra civil que de hecho existe en Sri Lanka -donde los tamiles son cerca de un tercio de la población- crea para poblaciones enteras, no directamente involucradas en los combates, situaciones de desesperación y de peligro. De ahí una emigración masiva en los últimos años hacia la costa cercana de la India, donde hay campos con más de 150.000 tamiles. Pero muchos -que tienen ciertas posibilidades económicas- buscan el cainino de emigrar a Europa, donde residen ya unos 4.000 en Gran Bretaña, 10.000 en Suiza, y 52.000 en la RFA. Si el caso de los tamiles no puede ser asimilado siempre al de refugiados políticos, no cabe duda que son personas que en su país pueden ser objeto de persecuciones violentas. Por eso es preciso aplicar un criterio de generosidad, como ha hecho el Gobierno canadiense; aunque haya abusos o intentos de engaño, como ocurrió en la costa de Terranova.

Los que merecen castigo son los que trafican con la desesperación de seres humanos, indefensos además porque ignoran el idioma del país en que se encuentran. El organizador de la expedición a Canadá cobró, al parecer, unos 3.000 dólares por cada uno de los 152 tamiles. Pero este caso no es más que un grano de arena de un fenómeno que afecta a muchos millones de personas y que se ha convertido en tema central de la política europea.