Las competencias de Defensa en la marina mercante pasarán a la Administración civil

La comisión interministerial que durante más de un año ha estado trabajando en el estudio, y reforma de los órganos de la Administración del Estado competentes en materia de actividades marítimas ha propuesto en sus conclusiones finales, presentadas al Ejecutivo la semana pasada, la transferencia a la Administración civil de las competencias hasta ahora desempeñadas por el Ministerio de Defensa. Esta transferencia, de llevarse a cabo, colmaría una aspiración histórica de los profesionales de la marina mercante española y tendría una importante repercusión en el transporte marítimo, pesca, puertos, costas y aspectos laborales y sociales.

La Comisión Interministerial de Estudio y Reforma de los órganos de la Administración del Estado (Cominmar) relacionados con las actividades marítimas fue creada por acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 1984 y regulada por orden ministerial de 30 de enero de 1985, y ha estado formada por representantes de la mayor parte de los departamentos ministeriales, bajo la presidencia del representante del Ministerio de la Presidencia. La comisión ha venido realizando sus trabajos desde marzo de 1985, poniendo fin a los mismos con el pleno celebrado el pasado 6 de junio.Su labor se ha desarrollado en cuatro grupos de trabajo que han realizado tareas sobre delimitación de competencias marítimas, ordenación de competencias en los puertos, evaluación de las necesidades y cualificación del personal que haya de ocuparse de la ordenación y control de las actividades marítimas, y diseño de un modelo de organización de un servicio de vigilancia en la mar, con cuantificación de los medios personales, materiales y presupuestarios.

Las propuestas elevadas al Gobierno sintetizando los trabajos de los cuatro grupos se refieren a la conveniencia de transferir a la Administración civil las competencias desempeñadas hasta ahora por el Ministerio de Defensa; proceder a reasignar las competencias marítimas entre los departamentos ministeriales civiles; refundir en un módulo civil la Secretaría General de Pesca Marítima, la Dirección General de Puertos y Costas, la Dirección General de la Marina Mercante y el Instituto Social de la Marina; elevar al Gobierno las dos alternativas presentadas en relación con la ordenación portuaria; dotar a la Administración marítima española de un cuerpo con formación técnica marítima, y crear un servicio de guardacostas de carácter civil, con naturaleza de organismo autónomo encuadrado en el departamento con competencias marítimas.

De adoptarse los planteamientos de la Cominmar, España se situaría en un importante lugar en el contexto europeo y podría desarrollar un programa coherente de política marítima.