Dictado el procesamiento contra el Consejo de Administración de SAVE

El juez Juan Bautista Cremades, titular del Juzgado número 12 de Instrucción de Valencia, dictó ayer auto de procesamiento contra Vicente Iborra, presidente del consejo de administración de SAVE (Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos) y 33 personas más, por unos presuntos delitos contra la Hacienda pública, de apropiación indebida, falsedad documental continuada y malversación impropia de caudales públicos.

El juez ha cifrado en 800 millones de pesetas la responsabilidad civil de los implicados, que quedan en libertad sin fianza, con excepción del propio Iborra y de Francisco Casany, director general de SAVE, que hubieron de satisfacer cinco millones de pesetas cada uno cuando fueron detenidos el 15 de noviembre de 1985. Ignacio Azcárraga, jefe de administración, y otro empleado también están desde aquella fecha en libertad provisional bajo fianzas de un millón y 75.000 pesetas. Todos los procesados están autorizados a salir al extranjero y sólo tienen la obligación de presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes.

Junto al que fuera hasta el 27 de enero pasado presidente de la patronal valenciana, están acusados de los citados delitos los diez restantes miembros del consejo de administración, el secretario y otros siete empleados de las oficinas de la empresa; once trabajadores de SAVE en diversos aeropuertos españoles y cuatro funcionarios del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. Entre los encausados se halla José Antonio García Guerrero, citado por Emilio Attard, defensor de Vicente Iborra, como el trabajador de SAVE en el Aeropuerto de Palma de Mallorca que denunció a la policía las presuntas irregularidades cometidas por su empresa.

Recurso de la defensa

Entre los consejeros de la empresa figuran José Joaquín Viñals, ex director general de la Caja de Ahorros de Valencia; Silvino Navarro, dirigente empresarial valenciano (vicepresidentes de SAVE); Vicente Rodrigo Cubells, consejero delegado; Manuel Casanova, consejero secretario; Francisco Casany Monfort, director general; y los vocales Joaquín Mufloz Peirats (diputado por UCI) en dos legislaturas), José Camallonga, Manuel Corell, Santiago Juliá, Emilio Serratosa y Vicente Castellano.

Emilio Attard, el abogado representante de SAVE, manifestó ayer su intención de presentar hoy mismo recurso de reforma, subsidiario de apelación, contra el auto de procesamiento dictado contra sus clientes. Vicente Iborra estuvo ayer, igual que desde que fuera detenido, absolutamente inaccesible a los medios informativos. En su nombre, Attard lamentó el "masivo" procesamiento y anunció estar dispuesto "a llegar a Estrasburgo si es preciso" con tal de demostrar la inocencia de sus defendidos.

La estrategia de la defensa ha consistido hasta el momento en aceptar que SAVE rectificaba las cintas magnéticas en las que se registraban las recaudaciones, pero matizando que esta práctica irregular obedecía a un pacto verbal con el organismo Aeropuertos Nacionales.