Guglielminetti, presunto dirigente de la Triple A, se opone a su extradición a Argentina

Raúl Antonio Guglielminetti, presunto dirigente de la organización ultraderechista argentina Triple A, se opuso ayer en la Audiencia Nacional a que se conceda su extradición a Argentina para que sea juzgado por un delito de homicidio y otro de asociación ilícita. Guglielminetti estima que existe un montaje político contra él. El fiscal apoyó la petición de las autoridades argentinas por entender que el supuesto ultra intervino en el homicidio del industrial Emilio Esteban Naum.

La defensa se opuso a la extradición por creer que no existen pruebas de su participación en delitos ni se cumplen los requisitos del tratado de extradición, pues, a su juicio, se trata de un caso político. Junto a Guglielminetti, Argentina ha pedido también la extradición de Juan Carlos Fotea y de Daniel Alejandro González, presuntos miembros de la Triple A, acusados de asociación ilícita.Guglielminetti reconoció en el interrogatorio que pertenecía a los servicios secretos argentinos desde 1971 y que ha estado encargado de la seguridad de cinco presidentes de su país, e incluso se ocupó de la protección del presidente Felipe González cuando asistió a la toma de posesión de Raúl Alfonsín. Agregó que llegó a España para resolver la educación de sus hijos y para apartarse de algunos problemas, como la guerra de intereses existente en la policía argentina.

Guglielminetti afirmó que no es ultra, y que en todo caso puede ser considerado como una persona de derechas. Sobre el asesinato que se le imputa, dijo que dos policías le informaron de que habían encontrado un cadáver en un automóvil, y que cuando él se acercó les dijo que parecía Vaca Narvaja (una persona que se encontraba en búsqueda y captura).

Una mujer manifestó ante el juez argentino que creía reconocer a Guglielminetti como autor del crimen, pero éste señala que el juez ni siquiera le llamó para preguntarle sobre el caso.

Guglielminetti aduce que formaba parte del grupo conocido como Alem 218, servicio de espionaje completamente legal, mientras que el Gobierno argentino le acusa de constituir una asociación ilícita destinada a desestabilizar la democracia mediante atentados y secuestros. Fotea asegura que él era un simple suboficial y miembro del grupo Alem, y González afirma que él realizaba funciones burocráticas. La sentencia se conocerá la próxima semana.