EE UU temía que cayera el Gobierno tunecino si vetaba la condena de Israel
La Administración norteamericana decidió no vetar la semana pasada la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenó a Israel por su ataque aereo contra la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Túnez, ante el temor de que elementos prolibios pudieran derrocar al Gobierno tunecino. La delegación de Estados Unidos se abstuvo, en una votación en la que los otros 14 miembros del Consejo condenaron a Israel.La decisión de no vetar la resolución fue tomada a última hora del viernes por el presidente, Ronald Reagan, de acuerdo con una información de los servicios de inteligencia norteamericanos en la que se aseguraba contundentemente que, si se procedía de esa manera, se daría una excusa a Libia para organizar una manifestación de estudiantes de izquierda y de otros grupos que provocarían incidentes e incluso destruirían la Embajada norteamericana en la capital tunecina. No se descartaba tampoco la posibilidad de que contribuyeran a la caída del Gobierno.
Durante los últimos meses ha aumentado la tensión entre Libia y Túnez, después de que el Gobierno de Trípoli se haya dedicado a infiltrar a sus agentes en territorio tunecino, a expulsar a millares de trabajadores de esta nacionalidad e incluso a violar, en numerosas ocasiones, el espacio aéreo del país vecino. Por su parte, Túnez ha roto relaciones diplomáticas con Libia y ha ordenado el regreso de todos sus emigrantes en Libia.
Las declaraciones iniciales de Reagan en apoyo del ataque aéreo israelí contra el cuartel general de la OLP, el pasado 1 de octubre, a pesar de que luego fueron matizadas por el portavoz de la Casa Blanca, crearon un sentimiento antinorteamericano en Túnez y dieron pie a los rumores de que Estados Unidos había ayudado militarmente a Israel en el ataque. El embajador norteamericano en Túnez, Peter Sebastian, envió numerosos telegramas a Washington en los que exponía su preocupación por lo que pudiera ocurrir y aseguraba que si no cambiaba la declaración oficial inicial "el Gobierno Burguiba podría tener graves problemas", según fuentes diplomáticas.
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