Polémica por la designación de la isla de La Palma como sede del defensor del pueblo autonómico

La designación por el Parlamento canario de la isla de La Palma como sede del Diputado del Común, una reproducción del Defensor de¡ Pueblo en la comunidad canaria, ha suscitado discrepancias políticas, al considerarse que el alejamiento fisico de las dos capitales de provincia resta eficacia a su funcionamiento.El Diputado de¡ Común fue creado por el Parlamento canario la pasada semana, en virtud del artículo 13 de¡ Estatuto de Autonomía de Canarias, para "la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la comunidad autónoma". Su referencia más remota en las islas se remonta a los procuradores del común del siglo XVI. El acuerdo para situar la sede en La Palma contó con los votos de todos los grupos políticos (PSOE, Grupo Popular, CDS y Mixto, e Izquierda Canaria). Sólo se mostró en contra el diputado Oswaldo Brito, representante de Izquierda Nacionalista Canaria, incluido en el Grupo Mixto. En el PSOE, que dispone de mayoría relativa en la Cámara, hubo discrepancias internas, si bien el grupo parlamentrio votó a favor.

Canarias es la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Andalucía, que aprueba oficialmente una institución similar a la del Defensor del Pueblo dependiente de las Cortes Generales españolas. "Me parece un solemne disparate fijar al Diputado del Común en la isla de La Palma", señaló a este periódico el socialista Pedro Guerra, presidente del Parlamento canario.

En su opinión, la sede debería corresponder a Tenerife, por encontrarse en dicha isla la Cámara legislativa canaria. "Ahora se corre el riesgo de que el alto comisionado se convierta en una especie de virrey que tendrá que viajar continuamente a Tenerife y Gran Canaria para recibir gente y resolver problemas en la Administracíón local", añadió.

Para el nacionalista Oswaldo Brito, de¡ Grupo Mixto, autor de la iniciativa parlamentaria, la elección de La Palma "ha sido sorprendente, porque hasta última hora se había mantenido en comisión la propuesta que figuraba en el texto de la ponencia, o sea, Tenerife". Brito considera que la decisión final obedece a un deseo erróneo de satisfacer a una isla no capitalina para justificar así una torpe descentralización.

Fernando Fernández, portavoz del CDS, argumenta en favor de la sede rebatida que "el prometido plan de informatización para la Administración de la comunidad autónoma permitirá al Diputado del Común que su funcionamiento sea similar al que habría desarrollado en Tenerife o Gran Canaria".