Una abogada denunció el cobro de 2.000 msetas por 'salida' en un proceso judicial de oficio

María Cruz Castejón Orengo, una abogada de 30 años, se quedó perpleja cuando, actuando de oficio en un caso de divorcio, en el Juzgado de Familia le pidieron 2.000 pesetas para la citación y emplazamiento de la demandada. "En este Juzgado se hace siempre así", fue la explicación de la oficiala, confirmada por el propio juez. La denuncia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar del mucho interés manifestado en principio, no ha producido todavía, ocho meses después de conocida, ninguna sanción ni medida concreta, salvo el envío a la comisión legislativa para proponer un posible decreto.Los hechos se iniciaron en febrero de 1983, cuando María Cruz Castejón se hizo cargo de una demanda de divorcio que, por reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 24 de los de Familia de Madrid. Ante el retraso del procedimiento, la abogada se personó en el juzgado, en donde le aseguraron que debía abonar 2.000 pesetas para que la cónyuge demandada pudiera ser citada. María Cruz advirtió que, tratándose de un caso de oficio, entendía que no se debía abonar cantidad alguna. Ante la insistencia en cobrar, pagó, pero exigió un recibo.

Más adelante, con ocasión de tener que citar de nuevo a la esposa, la abogada abonó otras 2.000 pesetas, también mediante recibo. En la cabeza de María Cruz Castejón no podía caber que en un procedimiento de oficio, por el que ella percibiría unas 4.500 pesetas, y el procurador, unas 1.500 pesetas, los gastos de citaciones pudieran triplicar esta cantidad -en este caso concreto importaron 12.000 pesetas-, sólo con que fuera necesario citar a varios testigos.

En su escrito, la abogada explicó que el asombro ante estos hechos le había decidido a denunciarlos al CGPJ, "al objeto de que se tomen las medidas oportunas para que no se produzcan y si, como se me ha manifestado, tales cobros se efectúan porque el Ministerio no tiene ninguna partida en sus presupuestos para abonar los gastos que tales salidas originan y esto es insubsanable, entiendo que al menos las salidas debían cobrarse a un precio más módico o articular alguna fórmula que permitiera a los agentes utilizar gratis los transportes públicos o algún sistema parecido".

El requerimiento realizado por el CGPJ originó un revuelo entre el personal del Juzgado, que pidió a la abogada la entrega de los recibos a cambio de la devolución del dinero, o al menos que no presentara más y que comunicara al Consejo que la cantidad total abonada había sido de 4.000 pesetas. Ante la negativa de la letrada, la actitud del personal se hizo más hostil, hasta el punto de que comenzó a afectar a la tramitación final de la causa. En cuanto a su denuncia, María Cruz Castejón asegura que su intención no era perjudicar a una persona en concreto, sino que se suprimiera la corruptela. Por su parte, los oficiales contestaron al CGPJ que todos cobraban y que lo pensaban seguir haciendo.