Sólo seis años de vida regular

La Sociedad de Inversión Inmobiliaria Renta Catalana fue creada en marzo de 1972 en Barcelona, ofreciendo a los inversores un interés del 15%. Durante seis años mantuvo una actividad regular, a pesar de las dificultades surgidas en el sector de la construcción. En 1978 los responsables de la entidad decidieron suspender el pago de intereses a los inversionistas, después de haber modificado el carácter jurídico de la entidad en unas asambleas generales. Estos hechos provocaron un alud de querellas criminales, que fueron aglutinadas en el Juzgado de Instrucción número 7, donde se inició el proceso contra los cuatro directivos, que empezaron a ser juzgados ayer. Por otra parte, la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazó la petición de procesamiento contra dos diputados de Minoría Catalana, Joaquim Molins y Josep Maria Trias de Bes, que fueron miembros del consejo de administración, por entender que "no había delito".Desde que se inició la instrucción del sumario se alegó una supuesta relación entre Renta Catalana y Banca Catalana, estableciéndose incluso un paralelismo entre el anagrama de ambas entidades, sorprendentemente coincidente. Estas supuestas vinculaciones fueron incluso esgrimidas por alguno de los querellantes, en los primeros momentos de conflictividad, aunque posteriormente fueron desmentidas. A pesar de los esfuerzos de los perjudicados a lo largo de la instrucción de la causa, nunca pudo probarse esta relación. Ahora, en la recta final de la causa, esta supuesta relación podría quedar demostrada con los documentos entregados al ministerio fiscal.