El Ayuntamiento de Burgos no acata una sentencia de Magistratura

El Ayuntamiento de Burgos, cuya mayoría absoluta ostenta el Grupo Popular, se opone a la readmisión de siete trabajadores que fueron despedidos el pasado mes de mayo, a pesar de una sentencia de Magistratura de Trabajo que obliga a la readmisión de dichos trabajadores.Dicha sentencia declara la nulidad de los despidos y condena al ayuntamiento a la readmisión inmediata, con abono de los salarios dejados de percibir en su día.

Durante el período comprendido entre el despido de los trabajadores y la sentencia de Magistratura, la corporación municipal contrató a ocho personas para desempeñar las labores que los despedidos realizaban en los almacenes municipales, razón ésta por la cual la Inspección de Trabajo sancionó al ayuntamiento.

En un principio fueron diez los trabajadores despedidos, pero tres de ellos fueron readmitidos nuevamente, dándose la circunstancia de que fueron precisamente los que no llevaron el asunto a Magistratura de Trabajo.

Santiago Herrera, abogado y portavoz de los despedidos, ha declarado a este medio "que el ayuntamiento, con su postura de no readmisión, puede llegar a salirse del marco constitucional, al no aceptar que los trabajadores tengan derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".