El Gobierno vasco difunde un extenso documento para explicar su política contraria a las extradiciones de 'etarras'

El Gobierno vasco dio a conocer ayer un documento en el que expresa serias reservas ante las extradiciones de etarras aprobadas por el tribunal de Pau (Francia) y apunta las condiciones imprescindibles, a su juicio, para resolver el problema vasco. En concreto, se refiere a la necesidad de establecer un diálogo profundo para buscar una salida negociada que traiga consigo el abandono definitivo de la violencia que ejerce ETA , el respeto por el Gobierno central a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco, que exige una interpretación extensiva del Estatuto de autonomía.

En el mismo documento, el Ejecutivo autónomo pide expresamente a ETA que suspenda su actividad armada, y al Gobierno central que impida que se produzcan saltos cualitativos en la acción represiva, "que, no siendo imprescindibles, pueden general reacciones contraproducentes".La sentencia favorable a las extradiciones emitida el jueves por el Tribunal de Pau y las reacciones que esta decisión judicial ha suscitado en los medios políticos vascos ocuparon gran parte de la ya tradicional reunión de verano que el Ejecutivo autónomo celebra todos los años en San Sebastián.

El portavoz del Gobierno, Joseba Arregui, no respondió de una forma explícita y directa a las preguntas de algunos informadores, y cuando se planteó el interrogante de si las extradiciones son incompatibles con las medidas de reinserción de activistas, indicó que podría responder a esa pregunta si los magnetófonos se apagaban. Los magnetófonos no se apagaron, y el portavoz indicó después que la pregunta "extradiciones sí, extradiciones no" plantea un dilema equivocado y estrecho.

El documento dado a conocer ayer por el Gobierno vasco señala que después de analizar "el momento político que. atraviesa Euskadi y, más específicamente, las reacciones que se vienen sucediendo en relación a las extradiciones, desea subrayar que esta cuestión, al igual que otros aspectos de la lucha contra los grupos armados de, ETA y la violencia en Euskadi, no puede ser analizada aisladamente sin una visión profunda y compleja de la situación del pueblo vasco".

El comunicado del Gobierno autónomo añade que "el problema de la violencia, sus orígenes y su solución definitiva exigen algo más que una mera visión legalista, y menos aún policial". Se señala que "la situación de Euskadi sólo podrá entenderse teniendo en cuenta" que "existen , un sentimiento y una reivindicación nacional vasca compartidos por la gran mayoría de los vascos", y que "este sentimiento no está siendo entendido ni respetado por el Gobierno español".

El documento añade que "el Estatuto de autonomía, esperanza de concordia y aproximación de posiciones políticas contrapuestas está siendo recortado unilateralmente por el Gobierno español; y su carácter de compromiso capaz de solucionar la llamada cuestión vasca, puesto en entredicho".

"En estas circunstancia? prosigue, "el Gobierno de Euskadi se cree en el deber de manifestar claramente al país y a la propia opinión internacional:

a) Su voluntad de hallar una solución a las reivindicaciones nacionales vascas a través de las vías pacíficas, rechazando la apelación a la violencia.

b) La necesidad de establecer un diálogo profundo sobre la situación vasca, cuya manifestación fundamental no es la reivindicación armada de ETA, sino la demanda popular pacífica y mayoritaria de autogobierno, que motivó el compromiso del Estatuto, cuyo cumplimiento hoy aparece amenazado". El Gobierno vasco hace un llamamiento urgente a la suspensión de la actividad armada de ETA, la evitación de saltos cualitativos en la acción represiva -que, no siendo imprescindibles, pueden generar reacciones contraproducentes- y la búsqueda de una salida negociada, en la que hay que lograr, por una parte, el abandono definitivo de la violencia de ETA, que debe respetar la voluntad mayoritaria de este pueblo, y de otra, el respeto del Gobierno español a esa misma reivindicación popular, a partir de una interpretación extensiva del Estatuto de autonomía",

"En este contexto", añade, "el Gobierno vasco, inequívocamente opuesto a la estrategia de la violencia, pero a la vez, y por diferentes razones, disconforme con la política del Gobierno español en su respuesta a las demandas democráticas del pueblo vasco, no cree que las extradiciones de activistas vascos contribuyan a establecer una paz duradera en Euskadi, que sólo llegará por la vía del respeto a las reivindicaciones nacionales vascas".