Detectores de polución y multas de hasta 100 millones para luchar contra la contaminación

El Ayuntamiento de Madrid controlará mediante aparatos especiales el volumen y la concentración de los residuos potencialmente contaminantes que las empresas vierten al alcantarillado de la ciudad, con objeto de que las industrias que superen ciertos límites de contaminación sufran penalizaciones económicas. El ayuntamiento podrá imponer también sanciones de hasta 100 millones de pesetas a las empresas que contravengan la normativa, según el contenido del nuevo reglamento sobre vertidos industriales, que será presentado para su aprobación inicial en la próxima sesión plenaria.

Los gastos de instalación de los medidores de contaminación correrán a cargo de las empresas afectadas. Más de 200 industrias del término municipal, consideradas potencialmente contaminantes, tendrán que financiar la instalación de los chivatos, cuya función consiste en detectar el tipo y la cantidad de vertidos, según ha informado Jesús Espelosín, concejal coordinador del área de Urbanismo e Infraestructuras Básicas. El nuevo reglamento de control de vertidos forma parte de los sistemas de explotación previstos en el Plan de Saneamiento Integral de Madrid (PSIM), cuyas obras se encuentran en su fase final."La idea central es conseguir que quien contamina pague", explica Espelosín, "y en este sentido, a partir de un determinado índice y de un tipo de contaminación, las empresas deberán contribuir económicamente al tratamiento de los vertidos".

Este planteamiento municipal afecta a las empresas cuyos residuos no se pueden tratar en ninguna de las depuradoras de aguas existentes, porque contienen elementos químicos. El tratamiento de tales vertidos deberá realizarse en una nueva planta de proceso de residuos especiales.

Sanciones

El proyecto municipal de control de la contaminación de las aguas residuales contempla ya la convocatoria de un concurso de precalificación de las empresas interesadas en la instalación de nueva planta depuradora de aguas, que se presentará también en la próxima sesión plenaria.Los incumplimientos de la nueva normativa podrán ser considerados como infracciones urbanísticas, según el reglamento en proyecto, y a ese carácter corresponderán las multas. Las sanciones podrán ser propuestas por el gerente de Urbanismo del ayuntamiento o por el alcalde, y su cuantía oscilará entre 25.000 pesetas y 100 millones de pesetas.