La siderurgía española perderá 27.000 empleos, según el documento presentado a la CEE

España presentó ayer a la CEE un resumen general de su política de reestructuración siderúrgica, en el que se indica oficialmente que entre 1980 y 1986 se perderán 27.000 puestos de trabajo en el sector, o un 36% de la plantilla existente en el año de referencia. El objetivo español es reducir en 2,5 millones de toneladas (de una producción próxima a los 10 millones) calculadas en términos de productos acabados, su capacidad de producción, lo que supone una reducción del 15%, frente al esfuerzo general reductor de la CEE del 17,8%.El Gobierno español prevé asimismo instaurar en breve plazo, para ordenar el mercado interno, cuotas de producción, precios mínimos garantizados y sanciones a las empresas que no cumplan estas normas para los productos más sensibles. Es una medida similar a la aplicada por la CIEE.

España tiene buen cuidado en no mencionar la capacidad total de producción de acero bruto. Pues, se da la paradoja, según expertos, que los planes de reconversión, con reducción de plantillas de 27.000, trabajadores, de los cuales ya se han perdido 10.000, la mejora de la gestión, la reestructuración de las finanzas de estas empresas y la mejora de la productividad a través de nuevas acerías y coladas continuas, puede llevar a un aumento de la capacidad de producción, como ocurrió con las primeras reconversiones comunitarias. El Gobierno tiene la intención de someter los planes detallados de la reestructuración, lo más tarde, antes de la adhesión, si siguen existiendo ayudas públicas con posterioridad a la misma. En esto se apoya en la tesis francesa, que pide alargar hasta 1987 el plazo para finalizar las ayudas públicas y hacer las empresas viables, lo que otorgaría un "año de gracia" a España.

España no quiere, pues, abrir la contabilidad de sus empresas siderúrgicas a las miradas de la Comisión Europea hasta después de la adhesión. Lo cual, según fuentes comunitarias, es dificilmente aceptable. Entre tanto, prosiguen los contactos técnicos con la Comisión Europea para explicar con más detalles los planes españoles.

En su documento oficial, España no cuantifica las inversiones que tiene planificadas. E insiste en que la reestructuración "ha provocado y seguirá provocando grandes conflictos sociopolíticos en zonas especialmente sensibles por diversos motivos (País Vasco, Asturias, Sagunto (Valencia).